Detenciones arbitraria y excesivo uso de la fuerza policial

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE ante la siguiente situación en El Salvador.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT acaba de ser informado por Antenna Internacional, organización miembro de la red SOS-Tortura, sobre la violenta represión por parte de miembros de la Policía Nacional, contra las comunidades que estaban realizando una protesta pacífica en el municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, así como sobre las detenciones arbitrarias y las condenas a prisión, según las denuncias injustas, contra varios pobladores

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 2 de julio de 2007, diversas organizaciones sociales y comunitarias, programaron realizar una jornada de protesta pacífica en la carretera que conduce de San Martín a Suchitoto, motivada por dos razones fundamentales: en primer lugar para manifestar su rechazo al nuevo enfoque de la Política Nacional de Descentralización que representa el inicio de la privatización del agua a nivel nacional. La población ha manifestado que ha perdido la confianza en las propuestas gubernamentales debido al hecho de que en ocasiones anteriores los proyectos privatizadores se han venido disfrazando a través de otras figuras jurídicas.

En segundo lugar la manifestación coincidía con el primer aniversario del brutal asesinato político de los Sres. Juanita Monjarás de Manzanares y Francisco Manzanares, ocurrida en Suchitoto el 2 de julio de 2006[1], crimen que según las denuncias, se encuentra hasta el día de hoy en total impunidad.

Según las denuncias, miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC), lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma contra numerosas personas, quienes tuvieron que salir huyendo hacia el monte en diversos grupos. Además, la UMO junto al Grupo Elite de Reacción Policial (GRP), los asedió y persiguió por tierra y por aire, durante más de 4 horas. Las denuncias agregan que, además, todo el operativo estuvo respaldado por un fuerte contingente militar que incluso hizo uso de tanquetas.

Según las informaciones recibidas más de 25 personas fueron heridas con balas de goma y entre ellas 18 personas fueron gravemente afectadas por gas pimienta; además 14 personas fueron detenidas y acusadas en un principio de desordenes públicos y de asociaciones ilícitas.

Posteriormente, el 8 de julio de 2007, fueron condenadas a una pena de tres meses de prisión preventiva, bajo los cargos de terrorismo, las siguientes 13 personas: los Sres. Manuel Antonio Rodríguez Escalante, Héctor Antonio Ventura Vásquez, José Ever Fuentes, Patricio Valladares Aquino, Clemente Guevara Batres, Santos Noel Mancía Ramírez y Vicente Vásquez Basilio, y las Sras. Marta Yanira Méndez y Beatriz Eugenia Nuila González. También fueron condenados ese mismo día cuatro miembros activos de la Asociación de las Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)[2], las Sras. Marta Lorena Araujo Martínez, Rosa María Centeno Valle, María Aydee Chicas Sorto y Sandra Isabel Guatemala.

Otro de los detenidos durante los hechos del 2 de julio, el Sr. Facundo Dolores García, fue dejado en libertad, sin que se hayan proporcionado mayores informaciones al respecto.

Por otro lado las comunidades de la zona, también se vieron afectadas debido a la excesiva cantidad de gases utilizados contra los manifestantes, y tuvieron que desalojar a los niños de las escuelas por esta misma razón. Al mismo tiempo, una patrulla de la PNC se atravesó frente a un vehículo del CRIPDES, en la entrada a la ciudad, capturando a las cuatro personas ya nombradas de la mencionada Asociación, detenidas solamente por el hecho de dirigirse hacia la concentración.

Las informaciones agregan que, luego, al tener conocimiento de estas capturas, el grupo de personas que estaba en la plaza se trasladó a la entrada del Barrio de La Cruz para pedir la libertad de los detenidos, e inclusive el párroco de la localidad intervino también a solicitud de la población. La PNC dijo que iba a negociar y que levantaría un acta para liberar a las personas detenidas, pero los miembros de la UMO, entraron sin aviso, haciendo uso de la violencia y con malos tratos, agrediendo incluso al auxiliar del párroco, lo cual impidió solucionar el incidente de forma pacífica, sin permitir el diálogo ni la mediación.

De acuerdo con las informaciones, los detenidos fueron consignados a la orden del juez de Cojutepeque y recluidos inicialmente en Santa Cruz Analquito, en el mismo departamento de Cuscatlán. Según las denuncias, fueron detenidos en condiciones inhumanas y degradantes: hay hacinamiento, falta de higiene, falta de privacidad, incluso para hacer sus necesidades fisiológicas. Además, los hombres están mezclados con reos comunes; a hombres y mujeres, solo se les permite ir al baño dos veces al día, a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde.

Se ha denunciado también que uno de los detenidos, cuyo nombre no se ha informado, se encontraba muy mal de salud en el hospital, pues tuvo vómito de sangre como consecuencia de los golpes que recibió al ser detenido; otra persona, cuyo nombre tampoco fue informado, está quemada con el gas y otra, con serios problemas emocionales. Se ha informado que aunque se ha podido visitar a los detenidos, esto se realiza a discreción de la PNC, durante una hora al día.

El Secretariado Internacional de la OMCT, al condenar vehementemente esta violenta represión manifiesta su extrema preocupación tanto por la seguridad como por la salud de todas las personas detenidas y heridas como consecuencia de las intervenciones policiales arriba denunciadas y solicita al gobierno salvadoreño que tome de inmediato las medidas mas urgentes para garantizar las mismas.

La OMCT de manera general solicita a las autoridades de El Salvador para implementar condiciones mínimas de seguridad y respecto a la integridad física y psicológica de todas las personas que sean privadas de libertad, de acuerdo con sus leyes nacionales y sus compromisos adquiridos con los instrumentos internacionales de derechos humanos en particular con la Convención contra la Tortura, de la cual El Salvador es Estado parte.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades salvadoreñas con el fin de solicitarles:

1. tomar de manera urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las persona detenidas y heridas arriba mencionadas, incluyendo una atención médica urgente, adecuada y gratuita para aquellos que lo requieran;
2. ordenar la liberación inmediata de las personas detenidas arriba mencionadas en caso de encontrarse detenidas en ausencia de cargos legales validos, o, en el caso de que estos cargos existan llevarlas ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y garantizarles en todo momento todos sus derechos del debido proceso;
3. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial en torno a las circunstancias de estos hechos, en particular sobre las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
4. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, en particular con la Convención Contra la Tortura, ratificada por El Salvador;

Direcciones

• Sr. Presidente Elías Antonio Saca, Presidencia de la República, Gobierno de El Salvador, Secretaría de Comunicaciones Fax: +503.2243 9947 +503.2243 7857 +503.2243 9930
  E-mail.:casapres@casapres.gob.sv;
• Sr. Embajador Byron Fernando Larios López, Misión Permanente de la República de El Salvador ante las Naciones Unidas, Rue de Lausanne 65, CH-1202, Ginebra, Suiza, E-mail : mission.el-salvador@ties.itu.int; mission.ginebra@rree.gob.sv; FAX: +4122 738.47.44
• Licenciado Héctor González Urrutia, Embajador en Bruselas, FAX: +322.735.02.11, Avenue de Tervueren 171, Segundo Piso, 1150 Bruselas, Bélgica.
• Licenciado Félix Garrid Safie, Fiscal General de la República, Colonia Flor Blanca, 49 Avenida Sur, Edificio 8-B, San Salvador, El Salvador Fax: +503 2249 8613
• Doctor Agustín García Calderón, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, El Salvador, Fax: +503 2243 9930, +503 2243 7857
• Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 90 Av. Norte y 51 Calle Poniente, Edificio AMSA N1 535 San Salvador, El Salvador Fax: + 503 2222 0655
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Colonia San Benito. Calle Circunvalación, No.227, San Salvador, El Salvador, Fax: +503.2243-9656
• Ministerio de Gobernación. Fax: +503.2281-5959
• Viceministerio de Seguridad Ciudadana, e-mail: webmaster@gobernacion.gob.sv
• Director General de la Policía Nacional Civil PNC, El Salvador. Tel: +503.2254-8700. Fax: +503.2245 1554/ +503.2221 39 55/ +503.2221 36 88

Favor escribir también a las representaciones diplomáticas de El Salvador en sus respectivos países.

Ginebra, 11 de julio de 2007

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

[1] Ver Llamado Urgente OMCT 100706

[2] El Cripdes trabaja en la búsqueda, entre otros, de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en beneficio de las comunidades más desprotegidas a través de la organización social, participando en la definición o modificación de políticas públicas con equidad de género y en armonía con el medio ambiente. Su objetivo es impulsar la organización de la población rural y desarrollar incidencia en políticas públicas, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.