Colombia
21.04.02
Eventos
CHR 58: Intervención conjunta de la OMCT / FIDH / Fransiscans Int. sobre la situación de los derechos humanos en Colombia
- Event Date: 21.04.02
- Event Time: 00:00:00
Comisión de Derechos Humanos
58 periodo de sesiones
18 de marzo a 26 de abril de 2001
Tema 3: Organización de los trabajos / Situación de los derechos humanos en Colombia
Gracias señor Presidente.
Hablo en nombre de Franciscans International, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Dominicos para Justicia y Paz se asocia también a esta intervención.
La Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, Sra. Radhika Coomaraswamy, y la Representante Especial sobre defensores de derechos humanos, Sra. Hina Jilani, que recientemente visitaron Colombia, notan, en sus informes, creciente preocupación por el grave y progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En particular, FI, FIDH y OMCT quieren respaldar las recomendaciones contenidas en el informe de la Sra. Jilani y la inquietud expresada frente a la crítica situación de los defensores de derechos humanos y de las personas y comunidades que ellos acompañan. Al igual que la falta de un auténtico compromiso por parte del Estado colombiano de poner en marcha un programa eficaz de protección para los defensores.
Sigue siendo además evidente una ausencia de voluntad política del gobierno colombiano para combatir a los grupos paramilitares. Por el contrario, los nexos entre paramilitares y militares, la culpabilidad por comisión o por omisión son evidentes, como incluso lo reseña el informe del Departamento de Estado de EE-UU. Ejemplo de esto, son las actuaciones de la Brigada XVII en la zona de la comunidad de paz de San José de Apartado, del río Jiguamiando y Cacarica en Antioquia y Chocó; las de la brigada XVIII en Arauca, y las de la brigada V en Sur de Bolívar y Catatumbo, en donde las comunidades vienen siendo sometidas a un bloqueo económico acompañando de amenazas, asesinatos, desapariciones forzosas, torturas sin que, a pesar del conocimiento de todas las autoridades, de los nombres de los paramilitares y de los lugares de actuación se haya efectuado alguna acción concreta por parte de las fuerzas del Estado.
Queremos expresar particular preocupación por la situación que viven estos días los habitantes de San José de Apartado quienes, desde el 30 de marzo, han sufrido varios asesinatos tanto de sus pobladores como de los conductores de servicios públicos, y a quienes han sobrevivido, se les ha dicho que si prestan el servicio de transporte se les va a quemar el coche y se les asesinará.
Los campesinos, los indígenas que viven en las zonas de conflicto, los lideres políticos y sociales, los periodistas, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos son objeto de amenazas y persecución constante. Durante el 2001, la OMCT ha difundido 475 llamados urgentes, 57 de los cuales fueron sobre Colombia, es decir más del 10% de sus intervenciones. De estos 57 llamados urgentes, 141 se referian a víctimas de desapariciones forzosas y 242 a ejecuciones extrajudiciales.
También, particular preocupación sigue siendo la ausencia de garantías para el trabajo pastoral de defensa de derechos humanos y de apoyo solidario a las comunidades que realizan sectores de las iglesias en Colombia así como grupos humanitarios de observación internacional. Estos sectores son frecuentemente amenazados o señalados en algunas ocasiones por miembros de las brigadas o por los paramilitares de cada región.
Asimismo, la gran mayoría de los autores de estas violaciones de los derechos humanos quedan impunes. Ejemplo es el caso del bombardeo de Santo Domingo en Arauca por la fuerza aérea colombiana. Incumpliendo los diferentes llamados de esta Comisión de Derechos Humanos, la justicia colombiana ratificó que el caso quedara en la justicia penal militar.
FI, FIDH y OMCT deploran la tendencia evidente del Estado colombiano de promover un tipo de legislación que, como la Ley antiterrorista 733 y su Estatuto, desconoce los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, otorga facultades a las fuerzas militares y define delitos que amparan la persecución de organizaciones de derechos humanos, sociales y populares.
FI, FIDH y OMCT instan al gobierno colombiano a:
- Implementar inmediatamente la decisión de la Corte Constitucional relativa a la inconstitucionalidad de la Ley 684 de defensa y seguridad nacional;
- Cumplir plenamente y inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y de la Representante Especial sobre los defensores de derechos humanos;
- Permitir de forma permanente a los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de ir a Colombia y facilitar sus visitas garantizándoles el acceso pleno y libre a instituciones, comunidades y individuos.
FI, FIDH y OMCT instan también a la Comisión de Derechos Humanos a:
- Recomendar que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sea presentado también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas;
- Promover la consecución de recursos y apoyo a la Oficina de la Alta Comisionada en Bogotá así como a sus dos oficinas regionales en Cali y Medellín;
- Combatir el paramilitarismo y suspender todas las acciones de la fuerza pública que mediante acción u omisión violan los derechos humanos a través de esta estrategia estatal.
Ginebra, 18-04-2002
58 periodo de sesiones
18 de marzo a 26 de abril de 2001
Tema 3: Organización de los trabajos / Situación de los derechos humanos en Colombia
Gracias señor Presidente.
Hablo en nombre de Franciscans International, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). Dominicos para Justicia y Paz se asocia también a esta intervención.
La Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres, Sra. Radhika Coomaraswamy, y la Representante Especial sobre defensores de derechos humanos, Sra. Hina Jilani, que recientemente visitaron Colombia, notan, en sus informes, creciente preocupación por el grave y progresivo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. En particular, FI, FIDH y OMCT quieren respaldar las recomendaciones contenidas en el informe de la Sra. Jilani y la inquietud expresada frente a la crítica situación de los defensores de derechos humanos y de las personas y comunidades que ellos acompañan. Al igual que la falta de un auténtico compromiso por parte del Estado colombiano de poner en marcha un programa eficaz de protección para los defensores.
Sigue siendo además evidente una ausencia de voluntad política del gobierno colombiano para combatir a los grupos paramilitares. Por el contrario, los nexos entre paramilitares y militares, la culpabilidad por comisión o por omisión son evidentes, como incluso lo reseña el informe del Departamento de Estado de EE-UU. Ejemplo de esto, son las actuaciones de la Brigada XVII en la zona de la comunidad de paz de San José de Apartado, del río Jiguamiando y Cacarica en Antioquia y Chocó; las de la brigada XVIII en Arauca, y las de la brigada V en Sur de Bolívar y Catatumbo, en donde las comunidades vienen siendo sometidas a un bloqueo económico acompañando de amenazas, asesinatos, desapariciones forzosas, torturas sin que, a pesar del conocimiento de todas las autoridades, de los nombres de los paramilitares y de los lugares de actuación se haya efectuado alguna acción concreta por parte de las fuerzas del Estado.
Queremos expresar particular preocupación por la situación que viven estos días los habitantes de San José de Apartado quienes, desde el 30 de marzo, han sufrido varios asesinatos tanto de sus pobladores como de los conductores de servicios públicos, y a quienes han sobrevivido, se les ha dicho que si prestan el servicio de transporte se les va a quemar el coche y se les asesinará.
Los campesinos, los indígenas que viven en las zonas de conflicto, los lideres políticos y sociales, los periodistas, los sindicalistas, los defensores de derechos humanos son objeto de amenazas y persecución constante. Durante el 2001, la OMCT ha difundido 475 llamados urgentes, 57 de los cuales fueron sobre Colombia, es decir más del 10% de sus intervenciones. De estos 57 llamados urgentes, 141 se referian a víctimas de desapariciones forzosas y 242 a ejecuciones extrajudiciales.
También, particular preocupación sigue siendo la ausencia de garantías para el trabajo pastoral de defensa de derechos humanos y de apoyo solidario a las comunidades que realizan sectores de las iglesias en Colombia así como grupos humanitarios de observación internacional. Estos sectores son frecuentemente amenazados o señalados en algunas ocasiones por miembros de las brigadas o por los paramilitares de cada región.
Asimismo, la gran mayoría de los autores de estas violaciones de los derechos humanos quedan impunes. Ejemplo es el caso del bombardeo de Santo Domingo en Arauca por la fuerza aérea colombiana. Incumpliendo los diferentes llamados de esta Comisión de Derechos Humanos, la justicia colombiana ratificó que el caso quedara en la justicia penal militar.
FI, FIDH y OMCT deploran la tendencia evidente del Estado colombiano de promover un tipo de legislación que, como la Ley antiterrorista 733 y su Estatuto, desconoce los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, otorga facultades a las fuerzas militares y define delitos que amparan la persecución de organizaciones de derechos humanos, sociales y populares.
FI, FIDH y OMCT instan al gobierno colombiano a:
- Implementar inmediatamente la decisión de la Corte Constitucional relativa a la inconstitucionalidad de la Ley 684 de defensa y seguridad nacional;
- Cumplir plenamente y inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres y de la Representante Especial sobre los defensores de derechos humanos;
- Permitir de forma permanente a los mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de ir a Colombia y facilitar sus visitas garantizándoles el acceso pleno y libre a instituciones, comunidades y individuos.
FI, FIDH y OMCT instan también a la Comisión de Derechos Humanos a:
- Recomendar que el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sea presentado también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas;
- Promover la consecución de recursos y apoyo a la Oficina de la Alta Comisionada en Bogotá así como a sus dos oficinas regionales en Cali y Medellín;
- Combatir el paramilitarismo y suspender todas las acciones de la fuerza pública que mediante acción u omisión violan los derechos humanos a través de esta estrategia estatal.
Ginebra, 18-04-2002