Walter Aduviri Calisaya paga el precio de enfrentarse al sector minero
*Actualización: Walter fue puesto en libertad tras la suspensión de la pena por parte de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 9 de diciembre de 2020.
Tal y como demuestra lo sucedido a Walter Aduviri Calisaya, en Perú, incluso proteger lugares declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO puede suponer una pena de cárcel si uno osa enfrentarse al todopoderoso sector minero.
En 2011 el gobierno adjudicó una concesión minera a la empresa canadiense Bear Creek en el territorio del pueblo aymara, una comunidad indígena que habita en el sur del departamento de Puno. El proceso de consulta a la comunidad no había sido adecuado y, lo que es peor, el proyecto suponía la destrucción de la montaña sagrada Apu Kaphia y conllevaba un grave riesgo de contaminación de las aguas de todo el territorio, incluyendo las del famoso lago Titicaca, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Después de años de abandono de los aymara por parte del gobierno, esto supuso una prueba definitiva para la comunidad, que organizó las protestas multitudinarias que pasaron a conocerse como el «Aymarazo». Walter, el hijo de una familia local pobre convertido en un carismático líder, fue la cara visible del movimiento pacífico.
Walter y su comunidad ganaron: sus protestas pacíficas hicieron que el gobierno finalmente se echase atrás y revocase el permiso de explotación. Sin embargo, las autoridades quisieron asegurarse de que los líderes aymara entendiesen que la oposición tiene un precio. El 14 de agosto de 2019, tras más de ocho años de procedimientos judiciales, Walter, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno y gobernador electo del departamento, fue condenado a seis años de prisión. El juzgado lo consideró «coautor no ejecutivo por el delito contra la tranquilidad pública» durante el «Aymarazo».
Walter, que en la actualidad tiene 44 años, lleva desde agosto de 2019 en el penal de Yanamayo, en Puno, y las represalias contra él continúan. A pesar de que el centro penitenciario carece de las condiciones de sanidad mínimas, la justicia peruana ha rechazado recientemente su solicitud de puesta en libertad, dejándolo así expuesto a un grave riesgo de infección en el contexto de la COVID-19.
La detención arbitraria de Walter Aduviri es un ejemplo más de la criminalización, el hostigamiento y el abuso del derecho penal que se emplean habitualmente para someter a las personas defensoras de derechos humanos en Perú, un país en el que a menudo se califica de «enemigas del desarrollo» a las personas que defienden de forma pacífica sus derechos ancestrales y se esfuerzan por proteger el medio ambiente. Actualmente, 936 personas defensoras de derechos humanos están criminalizadas, la mayoría de ellas por cuestiones vinculadas con su trabajo en relación con la tierra y el territorio.
¡Únase a nuestro llamado por la liberación de Walter Aduviri Calisaya!