Nicaragua: Denunciamos la tortura en las cárceles contra personas defensoras de derechos humanos y contra las y los opositores políticos

Actualmente hay más de 167 personas presas por motivos políticos o por su defensa de los derechos humanos en el país, 14 de las cuales son mujeres. Todas ellas están siendo sometidas a unas condiciones de detención indignas e inhumanas que, en el caso de las mujeres no están teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades específicas en prisión.

Los Estados tienen la obligación de prevenir la tortura y los malos tratos siempre que ejerzan la custodia o el control de las personas, como es el caso de quienes están privadas de libertad. Para ello deben garantizar la existencia de salvaguardias generales contra la tortura en los lugares de detención.

Sin embargo, y según ha podido documentar IM-Defensoras, las siguientes prácticas se repiten de manera constante contra las personas privadas de libertad por motivos políticos o por su trabajo defendiendo derechos humanos:

• El aislamiento prolongado que, en sí mismo, constituye una práctica prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos. En el caso de cuatro mujeres defensoras de derechos humanos: Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahora y Dora María Téllez, esta situación es particularmente alarmante. Desde hace seis meses están en casi completo aislamiento, solas en sus celdas, donde solo se comunican con quienes las interrogan y, en el caso de Tamara Dávila, sin poder salir al patio y tener acceso a las horas de sol y aire libre que le corresponderían. Además, otras 20 personas se encuentran recluidas en centros de máxima seguridad o en celdas de castigo y, en algunos casos, llevan más de dos años en esta situación.

• La reclusión de Dora María Téllez, en un pabellón de varones en lugar de uno de mujeres también es un acto prohibido que, además, se interpreta como represalia y ensañamiento de las autoridades hacia el rol que desempeñó como comandanta durante la revolución y actualmente su defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.

• Prácticas prohibidas cómo el encierro en celdas permanentemente iluminadas o, al contrario, sin luz. Este es el caso de la defensora Ana Margarita Vijil, a quien no le apagan nunca la luz en su celda o el de la defensora Dora María Téllez, que permanece aislada una celda en penumbra constante.

• La falta de una alimentación adecuada y suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas

• La falta de ropa de abrigo suficiente y adecuada al clima en la prisión.

• La denegación de los servicios médicos que requieren, especialmente en un contexto como el actual de pandemia, así como servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer.

• Los constantes y exhaustivos interrogatorios para obtener información acerca del movimiento de derechos humanos y el movimiento opositor al gobierno de Daniel Ortega tienen lugar a cualquier hora del día y de la noche. Durante los mismos se les amenaza con hacer daño a sus familiares y amistades y cuando no contestan a las preguntas se les castiga con menos comida y de peor calidad. En el caso de las mujeres, estos suelen contener un componente de violencia de género, pues se busca amedrentar psicológicamente a las que desempeñan un rol de maternidad, haciéndoles comentarios de que son “malas madres” y que abandonaron a sus hijos debido a su oposición.

• La falta de contacto periódico con sus familiares y amistades y los graves obstáculos por parte de sus representantes legales y los organismos internacionales para conocer su situación. En el caso de las defensoras Tamara Dávila y Suyen Barahora no se garantiza su derecho al libre contacto con sus hijos o hijas, lo que ha impactado de manera muy perjudicial en su estado de ánimo.

• Falta de acceso a información sobre el exterior y a libros.

Otras informaciones recogidas por organizaciones sociales en la región hablan de que las personas presas políticas en Nicaragua son sometidas a constantes golpizas, desnudez forzada, asfixia, extracción de uñas, descargas eléctricas, laceraciones, quemaduras, amenazas, violencia sexual, privación del sueño y simulación de ejecución.

Todos estos actos, así como las condiciones de privación de libertad son constitutivas de tortura ya que ii) constituyen actos prohibido por los estándares internacionales en la materia, entre otros, en las Reglas Nelson Mandela[2] y las Reglas de Bangkok[3], ii) infringen un daño y sufrimiento intenso en quienes están privadas de libertad y, iii) se ejercen con el propósito de castigar, coaccionar y obtener información. En el caso de las mujeres cabe destacar un propósito discriminatorio específico de las autoridades al buscar intimidarlas y anularlas por haber transgredido sus roles tradicionales de género como mujeres en el contexto social y cultural actual en Nicaragua.

Además, este entorno torturante envía un mensaje claro a la sociedad civil nicaragüense de que todo ejercicio de la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica será castigado de manera contundente. Todo esto apoyado por un marco legal restrictivo donde nuevas leyes controlan de manera abusiva las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, tal y como se denunció recientemente en el informe “Las nuevas leyes de la represión” del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).

Visto todo lo anterior, y ante las vulneraciones constantes de los derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua y el ensañamiento específico contra las personas defensoras de derechos humanos y las y los opositores políticos, exigimos que:

• se ponga fin a los actos de tortura, crueles, inhumanos y degradantes contra ellas, se investigue a los responsables, se les sancione de manera adecuada y se repare a las y los supervivientes de tortura;

• se tomen las medidas adecuadas para proceder a su liberación de manera inmediata, garantizando su integridad física y psíquica, así como la de sus familias.

Asimismo, pedimos que, desde la comunidad internacional se envíe un mensaje claro de lucha contra la impunidad al Estado de Nicaragua y se proceda a la creación de un Mecanismo de monitoreo e investigación de violaciones de derechos humanos, incluida la tortura y malos tratos.

Para más información, por favor, contacten con:

OMCT: Iolanda Jaquemet: + 41 22 809 49 39

[1] La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) es una alianza local y regional de diversas defensoras de derechos humanos, organizaciones y redes, cuya misión es impulsar estrategias de Protección Integral Feminista (PIF) que sustenten las luchas y el trabajo de las defensoras de derechos humanos mesoamericanas para defender los derechos humanos en condiciones de seguridad, bienestar, liderazgo y autonomía.

[2] Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

[3] Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes.