El 5 de marzo de 2024, el colectivo “Guerreros buscadores de Jalisco”, en transmisiones en vivo por la red social Facebook dió a conocer el descubrimiento de crematorios clandestinos, en un lugar conocido como el “Rancho Izaguirre” en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Hasta el 13 de marzo se reportó el hallazgo de cuatro crematorios y se indica que podría haber cerca de 200 cuerpos en la zona. El colectivo llegó a este lugar gracias a un reporte anónimo.

Madres buscadoras del colectivo reportaron haber encontrado cientos de zapatos, objetos personales, y  restos óseos calcinados en estas fosas que tenían como objetivo desaparecer restos humanos. Según información del colectivo, las autoridades del Estado habían resguardado el lugar desde septiembre de 2024, y se había identificado que el lugar era usado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del crimen organizado, no obstante, las autoridades no encontraron indicios de las fosas, ni aseguraron correctamente el lugar.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, ha reportado que al menos 99% de estas desapariciones han ocurrido desde 2006 cuando el gobierno de Felipe Calderón inició “la guerra contra las drogas”. En un país donde en 2024, se reportaron al menos 37 personas desaparecidas al día, Teuchitlán vuelve a evidenciar esta crisis y el contexto de violencia e inseguridad generalizado al que se enfrenta México.

Esta realidad no se trata únicamente de cifras, sino de cientos de historias, familias y personas con sueños y esperanzas, cuyos proyectos de vida han sido arrebatados por la violencia y la falta de respuesta de las autoridades. El sufrimiento permanente de tener un familiar desaparecido es tortura. Las familias no solo deben afrontar la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido, con los impactos psico-sociales que esto implica, sino que, además, también enfrentan la violencia institucional del Estado, que las re-victimiza y estigmatiza por su labor.

Es importante destacar, que al momento, más de 300 personas defensoras de derechos humanos, cuya labor se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas, se encuentran bajo medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. Madres y padres buscadores cargan con la responsabilidad de encontrar a sus familiares desaparecidos (en campo y en vida) en un entorno de constante miedo, amenaza e inseguridad.

Frente a la evidencia en Teuchitlán, las autoridades del Estado mexicano han mostrado la falta de entendimiento del fenómeno de las desapariciones en el país. Desde la ineficaz activación de protocolos para resguardar las evidencias después de los hallazgos, hasta convocar el 20 de marzo de 2025 a medios de comunicación, organizaciones y víctimas al “Rancho Izaguirre”, sin una clara preparación, la cual terminó en una visita a las instalaciones que revictimizó a las familias.  

 Por otro lado, el 17 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su conferencia de prensa matutina, algunas acciones para atender el tema de las desapariciones en el país. Ante las declaraciones de la Presidenta, la familias de personas desaparecidas mostraron su profunda preocupación por el desconocimiento que la titular del Ejecutivo Federal evidenció sobre los mecanismos y procedimiento institucionales ya existentes en materia de búsqueda e investigación.

La Presidenta propusó fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la cual familiares han denunciado que ha sido desmantelada por la reducción de presupuesto y capacidades desde la administración pasada. También planteó reformas a la Ley General materia de Desaparición Forzada, como la creación de una Base Nacional Única de Información Forense, que ya existe en la Ley General y aún no se ha implementado a pesar de ser una obligación desde 2017. Además, la equiparación del delito de desaparición al de secuestro, una medida rechazada por movimientos y colectivos debido a que invisibiliza las particularidades de la desaparición forzada.

Resultan muy preocupantes las demandas que han hecho las familias sobre la falta de consulta e involucramiento en las propuestas del Estado mexicano. Denuncian no ser consultadas, ni involucradas en esta serie de medidas propuestas. Estas acciones no reconocen el trabajo fundamental de los colectivos, lo que agrava la crisis. Son las madres y familiares quienes, organizadas colectivamente, han creado acciones y mecanismos para buscar a sus familiares.  Teuchitlán, recuerda que sin las familias, esta crisis no tendrá solución, el Estado debe asegurar su protección no sólo ante narrativas de estigmatización y criminalización que buscan desacreditar al movimiento, sino por el alto riesgo que implica la propia labor de búsqueda.

Por lo anterior, hacemos eco del llamado de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y hacemos un enérgico llamado a las autoridades del Estado mexicano, a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, así como a permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas.

Firmantes

1. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)- México
2. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Consorcio Oaxaca)- México
3. Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)- Venezuela
4. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)- Guatemala
5. Organización Mundial Contra la Tortura- Internacional