México: Llamamos al gobierno federal electo a no olvidar los desafíos y compromisos pendientes en materia de la tortura

Por ello, consideramos urgente e importante cumplir con uno de los grandes pendientes de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT): la implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OTPCID). Desde septiembre del año 2019, se diseñó una propuesta en conjunto con diversas dependencias del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil especialistas en la materia, pero aún está pendiente su publicación. Resaltamos que este programa se estableció en la LGT para crear una política pública nacional con enfoques diferenciados que, además de hacer un diagnóstico sobre la situación en diversos contextos, permitiera implementar líneas de acción coordinadas para la prevención, atención a víctimas y acceso a la justicia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del Estado mexicano.

Asimismo, instamos a tomar acciones para la creación de mecanismos que garanticen que los servicios forenses sean imparciales y de calidad para documentar los impactos de la tortura en las víctimas, así como garantizar que las fiscalías investiguen con independencia y autonomía orgánica y operativa, que se les dote de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes para llevar a cabo investigaciones eficientes y exhaustivas que tengan como resultado mayor acceso a la justicia en los casos de tortura y OTPCID. También, que se apliquen correctamente las herramientas relacionadas con la prevención de la tortura establecidas en la LGT, como el Registro Nacional del Delito de Tortura; se implemente y actualice el Protocolo Homologado de Investigación; y, se designe el órgano de gobierno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Llamamos al Estado mexicano a aceptar y acatar las recomendaciones relativas a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo de la normativa nacional, tal como, recientemente, se recomendó en el Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, y como también lo han ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU en informes, sentencias y decisiones sobre casos contra México. Desde hace más de 10 años, los órganos internacionales de derechos humanos han destacado con preocupación que ambas figuras violan el derecho de libertad personal, el debido proceso, y el principio de presunción de inocencia, y expone a las personas detenidas a posibles torturas. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año 2021, evidenció que la prisión preventiva oficiosa es un momento durante el cual, frecuentemente, se cometen actos de tortura y malos tratos.

Hoy más que nunca, el Estado debe fortalecer la investigación y documentación temprana y efectiva de delitos como la tortura y tortura sexual con enfoque de género, en atención a las salvaguardas del debido proceso, para que las autoridades judiciales cuenten con los elementos necesarios para resolverlos con prontitud bajo la garantía de los derechos humanos. En el sistema penal acusatorio, deben tomarse salvaguardas para evitar la aceptación, bajo tortura, del procedimiento abreviado.

Resulta fundamental el reconocimiento de la existencia de la tortura y otros tratos y penas, crueles, inhumanos y degradantes en México, así como el compromiso por parte de la nueva administración para combatir de manera efectiva y decidida este crimen y grave violación de los derechos humanos, para garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación integral de todas las víctimas de este: las y los sobrevivientes de tortura y sus familias, y que se garantice la no repetición.

Firmantes

Organizaciones y colectivos firmantes:

1. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)
2. Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C.
3. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)
4. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C (CÓDIGO DH)
5. Comité de Víctimas 9N
6. Documenta, análisis y acción para la justicia social
7. Fundar, Centro de Análisis e Investigación
8. Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), A.C.
9. Instituto RIA, A.C.
10. Laboratorio de Litigio Estructural, A.C.
11. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
12. Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura
13. 5 de Junio Memoria (sobrevivientes de desaparición forzada y tortura)

Personas firmantes:

1. Alejandra Elizondo Salazar
2. Flavio Pinedo Márquez
3. Inés M. Michel
4. Mayra Griselda Contreras Flores
5. Mercedes Rodríguez
6. Rogelio Amaya Martínez
7. Rosa Mora P.
8. Tonantzin Lazcano
9. Valeria Patricia Moscoso Urzúa, Acompañante Psicosocial
10. Wendy Andrea Galarza Herrera
11. Edith Escareño Granados
12. Gladys F. Morales Ramírez
13. Familia Córdova Martínez
14. Volga de Pina Ravest
15. Floridalma Pérez González
16. W. M. O.
17. Familiares de Miguel Ángel Peralta Betanzos (sobreviviente de tortura y perseguido político mazateco)
18. Andrea Cárdenas
19. Alejandra González Marín