27.08.04
Declaraciones
III Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, São Paulo, Brasil, 25-27 de agosto 2004
III Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, São Paulo, Brasil
25 – 27 de Agosto de 2004
Declaración Final
Ochenta y siete defensores y defensoras provenientes de 20 países de las Americas y observadores internacionales de África, Asia y Europa, en representación de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, nos hemos reunido con el objeto de conocer y analizar las nuevas situaciones de violaciones de derechos humanos que enfrentan y sufren defensores y defensoras, incluidos los movimientos sociales. Así como, también, asumir el desafío de proponer e instrumentar políticas activas para resolver estas situaciones.
La III Consulta se realizo en seguimiento de las Primera y Segundas Consultas, con una amplia representación de sectores y activistas, que van desde comunidades indígenas, ONG de defensa de derechos humanos, grupos de defensa de los derechos de la mujer, ambientalistas, de la comunidad gay y de lesbianas, defensores de derechos de infancia y adolescencia, movimientos campesinos, sindicalistas, afro-descendientes y luchadores sociales, entre otros.
Considerando
Que el concepto de defensor contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada en 1998, incluye como tales a todas las personas que defienden los derechos humanos consagrados en los diversos Tratados, Convenios y Declaraciones Regionales e Internacionales, incluido los integrantes de los diversos movimientos sociales que en el continente reclaman la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos económicos, sociales y culturales y colectivos.
Que desde la realización de la segunda consulta latinoamericana (Guatemala Julio 2002) a la actualidad la situación de ataques, amenazas y hostigamiento hacia los defensores y defensoras se ha agravado, a la vez que ha tomado nuevas formas.
Que las mujeres defensoras sufren violaciones específicas a sus derechos como tales.
Que el Estado debe ser el garante de la plena vigencia de los derechos humanos y de la seguridad y protección de la actividad de los defensores y defensoras y que por lo tanto tiene obligaciones indelegables tanto de respetar como impedir la acción de sus agentes, como la de particulares que actúan con su adquicencia o cooperación, o que lo hacen por su omisión o falta de regulación. En consecuencia la situación y garantías de los defensores y defensoras en la región es responsabilidad de políticas y acción de los Estados.
Que pocos Estados han adoptado políticas de protección hacia los defensores y defensoras.
Que vivimos bajo los impactos de la guerra contra el `terrorismo` como reacción del gobierno de los Estados Unidos y su coalición al repudiable atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta guerra, que se produce en el marco de la globalización y el neo-liberalismo que operan para la exclusión económica y social, considerando que el individuo y el ciudadano son efímeros y descartables, constituye una nueva expansión del modelo neoliberal.
Que producto de la implementación de las medidas económicas neoliberales impuestas por el BID y el FMI y Banco Mundial en los diferentes países se ha precarizado la situación de la vida humana haciendo de esta forma mas difícil pero más necesario el trabajo de las defensores y defensoras de los derechos humanos.
Que además de los grupos paramilitares y fundamentalistas, la globalización ha traído nuevos actores no estatales (por ejemplo: multinacionales, grupos de poder económico, que incluso manejan medios masivos de comunicación), que participan activamente en las violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, en particular contra comunidades indígenas, afro-descendientes, campesinos, los movimientos sociales, población desplazada y sindicalistas, entre otros.
La globalización neoliberal y la imposición de políticas por parte de los organismos financieros multinacionales ha hecho que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales se transforme en una violación estructural a los derechos humanos.
Que ante la falta de recursos humanos y financieros de las instancias regionales e internacionales de protección de derechos humanos, hay un debilitamiento de los mecanismos de protección específicos para defensores y defensoras.
Que todas y cada una de las amenazas, intimidaciones, persecuciones, judicializaciones y demás ataques que sufren los defensores y defensoras tienen como claro objetivo político el sancionar, obstruir o impedir el trabajo que los mismos realizan y que por consiguiente no son un ataque personal sino un ataque común a toda la sociedad
Declaramos
Que en el continente, los defensores y defensoras continúan siendo victimas de amenazas, detenciones arbitrarias, exilio, secuestro y asesinato.
Que dentro de las nuevas formas de persecución de los defensores y defensoras, esta la judicialización de sus actividades, con una grave tendencia a la criminalización del reclamo y protesta social, utilizando figuras que van desde delitos de menor gravedad hasta imputaciones de terrorismo.
Que en este contexto, algunos Estados de la región han modificado y otros pretenden modificar legislación con el objeto de limitar e incluso penalizar la actividad de los defensores y defensoras, así como también el legítimo ejercicio del reclamo y protesta social, aplicando contra las mismas leyes antiterroristas.
Que en muchos países hay una planificada campaña de desprestigio, con el objetivo de aislar el trabajo de los defensores y defensoras pretendiendo hacerlos responsables de las situaciones de inseguridad y aumento de la delincuencia, generando una peligrosa y falsa asociación entre defensa de derechos humanos y delito.
Que a la inversa de estas posiciones, reivindicamos el papel legítimo de los defensores y defensoras en la construcción de la justicia social, la democracia y el Estado de Derecho.
Que reivindicamos la legítima naturaleza política de la defensa y la promoción de los derechos humanos, fundamentos esenciales de la democracia, del estado de derecho y de una sociedad justa y participativa, en la que se hayan eliminado la opresión, la miseria, las desigualdades y todas las formas discriminación.
La necesidad de instrumentar políticas activas para enfrentar y revertir el ataque hacia el trabajo de los defensores y defensoras.
Que los programas estatales y los mecanismos internacionales de protección a defensores y defensoras deben garantizar no solo la seguridad del defensor, sino también la continuidad de su trabajo. En forma integral estos programas deben prevenir los ataques e implementar políticas activas de desarticulación, desmantelamiento y penalización de los agentes agresores, sean estos estatales y - o para estatales.
La necesidad de articular la actividad de los defensores y defensoras con los movimientos sociales y con otras redes y sectores para una acción conjunta en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos.
Solo cuando la sociedad en su conjunto asuma los derechos humanos como propios se iniciara un efectivo proceso de construcción e implementación de los mismos.
La urgente necesidad de fortalecer las instancias internacionales, regionales, nacionales y locales de protección de los defensores y defensoras.
Que las luchas sociales y el reclamo por la vigencia de los derechos universalmente consagrados nunca deben considerarse como delito o acto criminal, sino una reivindicación justa. Por el contrario debe ser denunciado como criminal aquel Estado que no cumple con sus obligaciones, ni garantiza los derechos de su población.
Proponemos
Seguir fomentando el concepto amplio de defensor y defensora de derechos humanos y la aprobación del mismo, conforme a la Declaración de Naciones Unidas de 1998, haciendo una clara reivindicación de la legitimidad de la actividad política que ejercen los defensores y defensoras en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y de justicia social.
Formular políticas activas para detener las continuas agresiones y violaciones a los derechos humanos en general y ataque a los defensores y defensoras en particular, provenientes de agentes estatales y no estatales, no solamente para reclamar su sanción sino también para evitar que las mismas se produzcan.
Iniciar campañas para enfrentar no solo las formas habituales de persecución que sufren los defensores y defensoras sino también para combatir las nuevas tendencias, en particular la criminalización del reclamo y la protesta social y las campañas de desprestigio contra el activismo social y de defensa de derechos humanos.
La continua organización y desarrollo de procesos nacionales para examinar la situación en la que se encuentran los defensores y defensoras, sus necesidades y elaborar propuestas e implementar políticas activas de protección de la actividad que realizamos.
Que los grupos específicos de defensores y defensoras deben ser escuchados en la elaboración de las medidas para su protección atendiendo a las necesidades particulares de los mismos.
Implementar políticas y mecanismos de comunicación de la consulta latinoamericana.
Nos comprometemos a
Trabajar por la ratificación y cumplimiento por parte de los Estados de toda la normativa internacional de derechos humanos.
Trabajar para que los Estados adopten en sus legislaciones nacionales y políticas públicas, la Declaración de Naciones Unidas de 1998, como marco inicial de protección de los derechos de los defensores y defensoras.
Denunciar la utilización de los aparatos de inteligencia del Estado para monitorear, interferir y impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Denunciar la política de criminalización del reclamo y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Ejercer la protesta social como legitima forma de reclamar derechos conculcados, en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas de 1998.
Solicitar a la Comisión Inter-Americana la celebración de una audiencia sobre defensores en su próximo periodo de sesiones.
Presentar ante la Comisión Inter-Americana los informes por países, elaborados para esta Consulta y la Declaración Final de la misma.
Presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales preparados para la Consulta y la Declaración Final.
Pedir a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realice un estudio sobre la criminalización del reclamo y la protesta social.
Pedir también a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos revisar el procedimiento de la acciones urgentes para mantener informado a los peticionarios de las acciones emprendidas.
Pedir a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de respaldar adecuadamente el mandato de la Representante Especial para los Defensores de Derechos Humanos, con mayores recursos humanos y financieros.
Compartir los resultados de la III Consulta con la Unión Europea para que esta organización asuma un rol más activo en lo que se refiere a la protección de los defensores y defensoras.
Promover los lineamientos de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos entre los defensores y defensoras de la región con el fin de que estos puedan demandar su implementación.
Convocar a que los defensores y defensoras documenten las violaciones que sufren, incluyendo los casos de criminalización, para formular denuncias nacionales, regionales e internacionales, definir e impulsar acciones, y proponer políticas para enfrentar estas situaciones.
Sumarnos a la campaña internacional sobre defensoras de derechos humanos e integrar el tema de la protección de las defensoras en nuestras actividades.
Continuar la campaña de divulgación de la Declaración de Naciones Unidas para Defensores en otras redes sociales.
Adoptar el pronunciamiento sobre el militarismo emitida por las organizaciones en esta III Consulta y cuyo texto forma parte anexa de esta Declaración.
Mantener y fortalecer la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos como camino y proceso social de articulación, comunicación y solidaridad en la defensa y vigencia del urgente y digno trabajo que desarrollamos las y los defensores de derechos humanos.
Difundir la Declaración Final, acuerdos e informes de la III Consulta a nivel nacional, regional e internacional.
São Paulo, 27 de agosto de 2004
25 – 27 de Agosto de 2004
Declaración Final
Ochenta y siete defensores y defensoras provenientes de 20 países de las Americas y observadores internacionales de África, Asia y Europa, en representación de organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, nos hemos reunido con el objeto de conocer y analizar las nuevas situaciones de violaciones de derechos humanos que enfrentan y sufren defensores y defensoras, incluidos los movimientos sociales. Así como, también, asumir el desafío de proponer e instrumentar políticas activas para resolver estas situaciones.
La III Consulta se realizo en seguimiento de las Primera y Segundas Consultas, con una amplia representación de sectores y activistas, que van desde comunidades indígenas, ONG de defensa de derechos humanos, grupos de defensa de los derechos de la mujer, ambientalistas, de la comunidad gay y de lesbianas, defensores de derechos de infancia y adolescencia, movimientos campesinos, sindicalistas, afro-descendientes y luchadores sociales, entre otros.
Considerando
Que el concepto de defensor contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos adoptada en 1998, incluye como tales a todas las personas que defienden los derechos humanos consagrados en los diversos Tratados, Convenios y Declaraciones Regionales e Internacionales, incluido los integrantes de los diversos movimientos sociales que en el continente reclaman la vigencia de los derechos humanos, civiles y políticos económicos, sociales y culturales y colectivos.
Que desde la realización de la segunda consulta latinoamericana (Guatemala Julio 2002) a la actualidad la situación de ataques, amenazas y hostigamiento hacia los defensores y defensoras se ha agravado, a la vez que ha tomado nuevas formas.
Que las mujeres defensoras sufren violaciones específicas a sus derechos como tales.
Que el Estado debe ser el garante de la plena vigencia de los derechos humanos y de la seguridad y protección de la actividad de los defensores y defensoras y que por lo tanto tiene obligaciones indelegables tanto de respetar como impedir la acción de sus agentes, como la de particulares que actúan con su adquicencia o cooperación, o que lo hacen por su omisión o falta de regulación. En consecuencia la situación y garantías de los defensores y defensoras en la región es responsabilidad de políticas y acción de los Estados.
Que pocos Estados han adoptado políticas de protección hacia los defensores y defensoras.
Que vivimos bajo los impactos de la guerra contra el `terrorismo` como reacción del gobierno de los Estados Unidos y su coalición al repudiable atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta guerra, que se produce en el marco de la globalización y el neo-liberalismo que operan para la exclusión económica y social, considerando que el individuo y el ciudadano son efímeros y descartables, constituye una nueva expansión del modelo neoliberal.
Que producto de la implementación de las medidas económicas neoliberales impuestas por el BID y el FMI y Banco Mundial en los diferentes países se ha precarizado la situación de la vida humana haciendo de esta forma mas difícil pero más necesario el trabajo de las defensores y defensoras de los derechos humanos.
Que además de los grupos paramilitares y fundamentalistas, la globalización ha traído nuevos actores no estatales (por ejemplo: multinacionales, grupos de poder económico, que incluso manejan medios masivos de comunicación), que participan activamente en las violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, en particular contra comunidades indígenas, afro-descendientes, campesinos, los movimientos sociales, población desplazada y sindicalistas, entre otros.
La globalización neoliberal y la imposición de políticas por parte de los organismos financieros multinacionales ha hecho que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales se transforme en una violación estructural a los derechos humanos.
Que ante la falta de recursos humanos y financieros de las instancias regionales e internacionales de protección de derechos humanos, hay un debilitamiento de los mecanismos de protección específicos para defensores y defensoras.
Que todas y cada una de las amenazas, intimidaciones, persecuciones, judicializaciones y demás ataques que sufren los defensores y defensoras tienen como claro objetivo político el sancionar, obstruir o impedir el trabajo que los mismos realizan y que por consiguiente no son un ataque personal sino un ataque común a toda la sociedad
Declaramos
Que en el continente, los defensores y defensoras continúan siendo victimas de amenazas, detenciones arbitrarias, exilio, secuestro y asesinato.
Que dentro de las nuevas formas de persecución de los defensores y defensoras, esta la judicialización de sus actividades, con una grave tendencia a la criminalización del reclamo y protesta social, utilizando figuras que van desde delitos de menor gravedad hasta imputaciones de terrorismo.
Que en este contexto, algunos Estados de la región han modificado y otros pretenden modificar legislación con el objeto de limitar e incluso penalizar la actividad de los defensores y defensoras, así como también el legítimo ejercicio del reclamo y protesta social, aplicando contra las mismas leyes antiterroristas.
Que en muchos países hay una planificada campaña de desprestigio, con el objetivo de aislar el trabajo de los defensores y defensoras pretendiendo hacerlos responsables de las situaciones de inseguridad y aumento de la delincuencia, generando una peligrosa y falsa asociación entre defensa de derechos humanos y delito.
Que a la inversa de estas posiciones, reivindicamos el papel legítimo de los defensores y defensoras en la construcción de la justicia social, la democracia y el Estado de Derecho.
Que reivindicamos la legítima naturaleza política de la defensa y la promoción de los derechos humanos, fundamentos esenciales de la democracia, del estado de derecho y de una sociedad justa y participativa, en la que se hayan eliminado la opresión, la miseria, las desigualdades y todas las formas discriminación.
La necesidad de instrumentar políticas activas para enfrentar y revertir el ataque hacia el trabajo de los defensores y defensoras.
Que los programas estatales y los mecanismos internacionales de protección a defensores y defensoras deben garantizar no solo la seguridad del defensor, sino también la continuidad de su trabajo. En forma integral estos programas deben prevenir los ataques e implementar políticas activas de desarticulación, desmantelamiento y penalización de los agentes agresores, sean estos estatales y - o para estatales.
La necesidad de articular la actividad de los defensores y defensoras con los movimientos sociales y con otras redes y sectores para una acción conjunta en la defensa de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos.
Solo cuando la sociedad en su conjunto asuma los derechos humanos como propios se iniciara un efectivo proceso de construcción e implementación de los mismos.
La urgente necesidad de fortalecer las instancias internacionales, regionales, nacionales y locales de protección de los defensores y defensoras.
Que las luchas sociales y el reclamo por la vigencia de los derechos universalmente consagrados nunca deben considerarse como delito o acto criminal, sino una reivindicación justa. Por el contrario debe ser denunciado como criminal aquel Estado que no cumple con sus obligaciones, ni garantiza los derechos de su población.
Proponemos
Seguir fomentando el concepto amplio de defensor y defensora de derechos humanos y la aprobación del mismo, conforme a la Declaración de Naciones Unidas de 1998, haciendo una clara reivindicación de la legitimidad de la actividad política que ejercen los defensores y defensoras en la construcción de un verdadero Estado de Derecho y de justicia social.
Formular políticas activas para detener las continuas agresiones y violaciones a los derechos humanos en general y ataque a los defensores y defensoras en particular, provenientes de agentes estatales y no estatales, no solamente para reclamar su sanción sino también para evitar que las mismas se produzcan.
Iniciar campañas para enfrentar no solo las formas habituales de persecución que sufren los defensores y defensoras sino también para combatir las nuevas tendencias, en particular la criminalización del reclamo y la protesta social y las campañas de desprestigio contra el activismo social y de defensa de derechos humanos.
La continua organización y desarrollo de procesos nacionales para examinar la situación en la que se encuentran los defensores y defensoras, sus necesidades y elaborar propuestas e implementar políticas activas de protección de la actividad que realizamos.
Que los grupos específicos de defensores y defensoras deben ser escuchados en la elaboración de las medidas para su protección atendiendo a las necesidades particulares de los mismos.
Implementar políticas y mecanismos de comunicación de la consulta latinoamericana.
Nos comprometemos a
Trabajar por la ratificación y cumplimiento por parte de los Estados de toda la normativa internacional de derechos humanos.
Trabajar para que los Estados adopten en sus legislaciones nacionales y políticas públicas, la Declaración de Naciones Unidas de 1998, como marco inicial de protección de los derechos de los defensores y defensoras.
Denunciar la utilización de los aparatos de inteligencia del Estado para monitorear, interferir y impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Denunciar la política de criminalización del reclamo y protesta social como forma del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Ejercer la protesta social como legitima forma de reclamar derechos conculcados, en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas de 1998.
Solicitar a la Comisión Inter-Americana la celebración de una audiencia sobre defensores en su próximo periodo de sesiones.
Presentar ante la Comisión Inter-Americana los informes por países, elaborados para esta Consulta y la Declaración Final de la misma.
Presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Representante Especial de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos, los informes nacionales preparados para la Consulta y la Declaración Final.
Pedir a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos que realice un estudio sobre la criminalización del reclamo y la protesta social.
Pedir también a la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos revisar el procedimiento de la acciones urgentes para mantener informado a los peticionarios de las acciones emprendidas.
Pedir a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de respaldar adecuadamente el mandato de la Representante Especial para los Defensores de Derechos Humanos, con mayores recursos humanos y financieros.
Compartir los resultados de la III Consulta con la Unión Europea para que esta organización asuma un rol más activo en lo que se refiere a la protección de los defensores y defensoras.
Promover los lineamientos de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos entre los defensores y defensoras de la región con el fin de que estos puedan demandar su implementación.
Convocar a que los defensores y defensoras documenten las violaciones que sufren, incluyendo los casos de criminalización, para formular denuncias nacionales, regionales e internacionales, definir e impulsar acciones, y proponer políticas para enfrentar estas situaciones.
Sumarnos a la campaña internacional sobre defensoras de derechos humanos e integrar el tema de la protección de las defensoras en nuestras actividades.
Continuar la campaña de divulgación de la Declaración de Naciones Unidas para Defensores en otras redes sociales.
Adoptar el pronunciamiento sobre el militarismo emitida por las organizaciones en esta III Consulta y cuyo texto forma parte anexa de esta Declaración.
Mantener y fortalecer la Consulta Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos como camino y proceso social de articulación, comunicación y solidaridad en la defensa y vigencia del urgente y digno trabajo que desarrollamos las y los defensores de derechos humanos.
Difundir la Declaración Final, acuerdos e informes de la III Consulta a nivel nacional, regional e internacional.
São Paulo, 27 de agosto de 2004