Honduras: Organizaciones solicitan a la Corte Suprema de Justicia cesar la criminalización de los defensores del Río Guapinol
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Tegucigalpa, 17 de noviembre de 2021
El 17 de noviembre de 2021, once organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos[1] presentaron un escrito de amicus curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, rechazando la injusta y extensa detención preventiva de los activistas de derechos humanos conocidos como los defensores del Medio Ambiente del Río Guapinol. Los Defensores han pasado más de dos años en prisión preventiva por hechos relacionados con una protesta pacífica para proteger las fuentes de agua del Parque Nacional Carlos Escaleras. El escrito argumenta que la extensa detención preventiva ha violado los derechos humanos constitucionales e internacionales de los defensores. Pese a ello, los tribunales hondureños han rechazado repetidamente los intentos de liberar a los defensores, como ocurrió recientemente mediante una decisión del Tribunal de Sentencia de Trujillo del 27 de octubre de 2021. El juicio del caso está programado ser conocido por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba a partir del 1 de diciembre de 2021.
El amicus enfatiza en los hallazgos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que investigó este caso y encontró que la detención de los Defensores de Guapinol carece de base legal, viola las normas internacionales y debe ser revertida inmediatamente. El Poder Judicial de Honduras ha hecho caso omiso de estas conclusiones y está tratando de criminalizar la protesta social legal en un esfuerzo por restringir las libertades de expresión política y de reunión colectiva.
Además, el amicus pide a la Sala de lo Constitucional que libere a los Defensores Ambientales de Guapinol y retire todos los cargos penales contra ellos. El Ministerio Público de Honduras no ha presentado pruebas que conecten a los defensores con los supuestos delitos ocurridos durante la protesta, lo que supone una violación de sus derechos a la protección judicial y al debido proceso. La prolongada detención preventiva viola el principio internacional de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Esto se debe a que la detención irrazonablemente extensa y sin juicio, es una condena avanzada a los Defensores antes de que se les conceda una oportunidad de defenderse en un tribunal. En consecuencia, el estado de Honduras está violando gravemente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En el caso de que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, decida no ordenar el retiro de los cargos o no liberar a los defensores ambientales de Guapinol, el escrito argumenta además que se debería, al menos, revisar los cargos penales presentados. Los Defensores Ambientales de Guapinol fueron acusados erróneamente de incendio agravado en virtud de una versión caduca del código penal de Honduras. Esta versión desactualizada del código penal se está aplicando a los Defensores para aplicar ilegalmente delitos con sentencias más largas para justificar su extensa detención preventiva. La Sala de lo Constitucional debe revisar estos cargos para que Honduras cumpla con los principios internacionales.
El escrito se presentó con la esperanza de que Honduras, actual Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, comience a reconocer sus obligaciones internacionales en la materia y remedie la injusticia que se ha impuesto a los Defensores Ambientales de Guapinol. El mundo está observando a Honduras; instamos a la Corte a que respete los derechos inalienables de los defensores de derechos humanos y el medio ambiente injustamente detenidos.
[1] Las organizaciones firmantes son: la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, (DPLF), La Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos (RFKHR), la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigacion y Enseñanza en Derechos Humanos de las Universidad de Ottawa, el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, CIVICUS, Protección Internacional Mesoamérica, ERIC-SJ, el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), el Centro de Derechos de Mujeres, y Dejusticia.