El Salvador: En revisión del EPU se manifiesta preocupación por violaciones bajo el régimen de excepción

A pesar de que la delegación salvadoreña intentó presentar avances en materia de seguridad, mencionando “una disminución del 98% en la tasa de homicidio en menos que una década’’, además de señalar que las estructuras penitenciarias han sido fortalecidas y que se ha buscado asegurar la reintegración social de las personas puestas en libertad, 74 países de la comunidad internacional expresaron sus preocupaciones con respecto a la situación de derechos humanos y de seguridad en el país.

Un gran número de delegados manifestaron su inquietud por el impacto negativo del estado de excepción en el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluyendo la libertad personal y el debido proceso. Se denunciaron casos de violencia estatal, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, así como restricciones a la labor de los periodistas. Además, se instó a El Salvador a garantizar el derecho al debido proceso y a poner fin al estado de excepción, ya que este ha limitado significativamente las libertades fundamentales.

La comunidad internacional también expresó su preocupación por las condiciones en los centros de detención, donde se han denunciado casos de hacinamiento, maltrato y tortura. En este sentido, se recomendó a El Salvador ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y aplicar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

Por otro lado, se denunciaron restricciones a la labor de los periodistas, y de las personas defensoras de derechos humanos. Países como Perú, México y Países Bajos recomendaron implementar mecanismos de protección más robustos para personas defensoras y periodistas, a fin de garantizar su seguridad.

Finalmente, los Estados miembros hicieron un llamado a prestar mayor atención a los grupos vulnerables, como niños, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, promoviendo sus derechos y garantizando su acceso a servicios básicos como la educación y la salud.

Tal como lo hemos denunciado las organizaciones firmantes, y el propio Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, El Salvador debe asegurar que la legislación de excepción se ajuste a la normativa internacional de derechos humanos. De igual forma, el Estado debe garantizar la supervisión y vigilancia de los centros de detención, por mecanismos independientes, por ello, reiteramos la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, así como de fortalecer el andamiaje institucional y legislativo para prevenir y sancionar la tortura en el país.

Organizaciones firmantes:

• Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Centre)
• Fundación Cristosal
• Servicio Social Pasionista (SSPAS)
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
• Amnistía Internacional