Ecuador: CAT recomienda atender crisis carcelaria, desmilitarizar prisiones y eliminar el delito de aborto

El Comité enfatizó la necesidad de implementar un plan integral para enfrentar a la actual crisis carcelaria, incluyendo la desmilitarización urgente de las prisiones, y alentó al Estado a tomar medidas para eliminar el delito de aborto consentido en Ecuador, entre otras recomendaciones.

Entre el 9 y el 10 de julio, durante su 80° periodo de sesiones en Ginebra, el Comité contra la Tortura evaluó el más reciente informe periódico presentado por el Estado ecuatoriano, en el cual detalló las medidas implementadas por las autoridades ecuatorianas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales para prevenir, investigar, y castigar la tortura y otros malos tratos en el país. El Comité recibió también informes sombra de la sociedad civil y celebró un diálogo interactivo para escuchar a representantes y realizar preguntas.

El 26 de julio de 2024, el Comité presentó sus Observaciones Finales sobre el informe presentado por Ecuador, incluyendo aspectos positivos, áreas de preocupación, y recomendaciones. El Comité dará seguimiento a una serie de recomendaciones clave y solicitó que las autoridades informen sobre el cumplimiento de las mismas en un plazo de un año, esto es en julio de 2025.

Estas recomendaciones incluyen medidas para abordar la crisis penitenciaria, como la creación de un plan integral que enfrente las causas de raíz, que cuente con un enfoque de derechos humanos y donde se prevea la desmilitarización de las cárceles; la debida investigación de casos de violencia y muertes en custodia; y la implementación de una política pública de rehabilitación con recursos asignados.

El Comité reconoció también que el aborto clandestino pone en riesgo la vida de las personas embarazadas. Por lo tanto, recomendó la despenalización del aborto voluntario, la protección de pacientes y profesionales de la salud frente a la criminalización, así como reformas a la Ley Orgánica que Regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo para garantizar el acceso efectivo al aborto y a la atención médica después de éste, especialmente frente a la negación del servicio por motivos de conciencia.

Finalmente, el Comité recomendó al Ecuador tomar medidas necesarias para garantizar que personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes sociales lleven a cabo su labor en un entorno libre de amenazas, represalias, violencia y otras formas de acoso. Particularmente aquellas que denuncian abusos por parte de la fuerza pública.

Las recomendaciones emitidas por el Comité hacen eco a las denuncias y exigencias de la sociedad civil al Estado ecuatoriano. En los últimos años se ha documentado la sistemática vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad y sus familias, cuya situación se ha deteriorado con la entrada de las Fuerzas Armadas en enero de 2024. De forma paralela, se han impulsado acciones para evitar que las mujeres sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, incluyendo la campaña Justa Libertad, que promueve la eliminación del delito de aborto consentido en el Ecuador, que éste sea garantizado como un servicio de salud esencial y que se proteja a quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos.

Por otra parte, recalcamos que, a raíz del examen del Comité, hemos recibido información de que las autoridades penitenciarias han empezado a restablecer las visitas familiares, tras más de cinco meses de suspensión, en algunos centros penitenciarios. Si bien esto es un avance, las familias han denunciado que, durante las visitas limitadas a 10 minutos, constataron el grave estado de salud de las personas privadas de libertad, además de golpes y lesiones que podrían sugerir actos de tortura y malos tratos. En ese sentido, las recomendaciones emitidas por el Comité son de absoluta relevancia y su implementación es urgente.

Como organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, vigilaremos el cumplimiento de las recomendaciones y continuaremos exigiendo que las autoridades ecuatorianas respeten y garanticen los derechos humanos de las y los ecuatorianos, incluyendo su derecho a vivir una vida libre de tortura.