Colombia
18.04.01
Declaraciones
Colombia: intervencion en el Comité DH sobre la violaciones sistematicas de derechos humanos en Colombia
Comisión de Derechos Humanos
57 período de sesiones
19 de marzo a 27 de abril de 2001
Tema 3 del programa: Organización de los trabajos
Intervención oral conjunta de:
la Comisión Internacional de Juristas,
Christian Aid,
la Federación Internacional de Derechos Humanos,
Franciscans International and Dominicans,
la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos y
la Organización Mundial Contra la Tortura
COLOMBIA
La situación de los derechos humanos en Colombia ya no es simplemente grave, es alarmantemente crónica. Lejos de haber disminuido, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas aumentaron en el año 2000, a niveles vertiginosos jamas registrado antes. De un promedio diario de 10 víctimas de la violencia sociopolítica entre 1988 y 1997, y de 12 víctimas en 1998 y 1999, se pasó a una promedio diario de 20 víctimas entre abril y septiembre del año 2000. Esto significa que, en seis meses, 3.538 personas perdieron la vida por la violencia sociopolítica: diariamente 11 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales u homicidios políticos y 2 fueron "desaparecidas". El año pasado, por lo menos 112 sindicalistas fueron asesinados . El informe de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que refleja de forma fidedigna la situación del país, concluyó que las violaciones a los derechos humanos en Colombia en el año 2001" pueden ser calificadas de graves, masivas y sistemáticas" .
Esta tendencia se ha agravado en los primeros meses del año 2001. En los primeros 17 días del año 2001, según la Dirección de Policía Judicial e Investigaciones de la Policía Nacional, grupos paramilitares cometieron 23 masacres con un saldo de 162 víctimas . En los tres primeros meses de este año, 25 lideres sindicales fueron asesinados o desaparecidos.
La inmensa mayoría del desplazamiento forzado se debió a la acción de los paramilitares. El numero de desplazados internos al finalizar el año 2000 superó ampliamente la cifra de 2 millones de personas. Los desplazados permanecen sin una atención efectiva: su seguridad, reinstalación o retorno no han sido garantizados por las autoridades como lo ha señalado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos . A pesar de la decisión de la Corte Constitucional, de septiembre de 2000 , que calificó el desplazamiento interno de "situación grave de emergencia social" y que fijo términos al Gobierno para garantizar la ejecución de la ley 387 y solicitó destinar suficientes recursos para hacer frente a este fenómeno, el Gobierno colombiano sigue sin dar respuestas efectivas a los desplazados internos.
Durante el año 2000, los defensores de derechos humanos siguieron siendo víctimas de atentados a sus derechos fundamentales. Más de 11 defensores fueron asesinados, otros 3 desaparecidos mientras que más de un centenar han sido amenazados y muchas de ellos han tenido que abandonar el país. Miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) fueron repetidamente amenazados y hostigados a lo largo del año 2000, a pesar de las medidas provisionales indicadas en su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El año pasado, las infracciones al Derecho internacional humanitario aumentaron en volumen y gravedad. De especial gravedad fueron los ataques perpetrados por paramilitares en Urabá y por las FARC en Putumayo contra transportes sanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los grupos armados de oposición, FARC, ELN y EPL, cometieron numerosas infracciones al Derecho internacional humanitario, como el uso de medios bélicos con efectos indiscriminados, la práctica del secuestro - incluso colectivo - de civiles, el reclutamiento de menores de edad. Igualmente, la Fuerza Pública siguió cometiendo homicidios fuera de combate y ataques indiscriminados. El 15 de agosto, una patrulla del Ejército disparó contra un grupo de niños escolares, ocasionado la muerte de 6 de ellos.
La autoría de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario fueron atribuidas a grupos paramilitares. No obstante, investigaciones judiciales y de la Procuraduría han revelado que esos grupos, que operan con plena libertad y total impunidad en vastas zonas altamente militarizadas, mantienen estrechos vínculos con miembros de la Fuerza Pública y cuentan con su apoyo logístico y operativo. El caso del reten paramilitar instalado en la vereda "El Placer", municipio de La Hormiga (Putumayo) a escasos 15 minutos de las instalaciones de un Batallón de la XXIV Brigada del Ejército es ilustrativo. A pesar de que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos alertó a las autoridades , este reten se mantuvo operacional por varios meses y los militares negaron su existencia. Asimismo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha podido comprobar la participación directa de miembros del Ejército junto con paramilitares en varias masacres.
Igualmente, investigaciones judiciales han demostrado que en varios casos de asesinatos atribuido o reivindicado por grupos paramilitares, estos eran obra de miembros del Ejército. El fallido atentado contra el dirigente sindical Wilson Borja Díaz, el pasado 15 de diciembre, reivindicado por un grupo paramilitar ilustra esta realidad: la investigación realizada por la Fiscalía implica en el atentado a varios miembros de la Fuerza Pública. En uno de los allanamientos realizados a la vivienda de uno de los detenidos, quien presta sus servicios a inteligencia militar, fue hallada una fotografía del abogado y defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz, así como los datos de su oficina y de su residencia. Este último hecho nos hace temer un inminente ataque contra la vida del doctor Uribe Muñoz.
La conclusión a la que llegara el Defensor del Pueblo en 1997 de que los paramilitares "se han convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública para la que ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer por su carácter de autoridad sometida al imperio de la ley" , sigue vigente.
La expansión territorial del paramilitarismo registró, en el año 2000, niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos departamentos de Colombia están bajo su control. Desde finales de 2000 y en el curso de este año, grupos paramilitares han copado, con la complicidad de la Fuerza Pública, varios barrios de Barrancabermeja, principal puerto interno petrolero de Colombia y ciudad altamente militarizada. Entre enero y marzo del 2001, estas incursiones paramilitares han dejado un saldo cercano a 150 personas asesinadas. La población de este puerto petrolero vive bajo el terror paramilitar y la inacción del Gobierno.
La política gubernamental contra el paramilitarismo es totalmente insatisfactoria y esta lejos de cumplir con las recomendaciones internacionales. El "Centro de Coordinación de la Lucha contra los Grupos de Autodefensa" , creado en febrero del año pasado por el Gobierno colombiano, no ha tenido mayor impacto y las capturas registradas de paramilitares han obedecido la acción decidida de la Fiscalía. Esta medida no es novedosa, ya en 1989 habían sido creados, sin resultados efectivos, una Comisión asesora de alto nivel y un Cuerpo Elite para combatir el paramilitarismo . A esto se suma, la reciente iniciativa legislativa en curso en el Senado de Colombia, apoyada por el Ministerio de Defensa, que trata de establecer una base legal que ampare a los grupos paramilitares.
En octubre 2000, el Ministro de Defensa anunció el retiro de 388 miembros de las fuerzas armadas por diferentes motivos. Se desconoce cuantos fueron realmente retirados por violaciones de derechos humanos. Según informes de prensa, solamente alrededor de 20 de los 388 fueron desvinculados por casos de violaciones a los derechos humanos. Ninguno de ellos ha sido procesado judicialmente y en noviembre, se conoció que varios de estos militares retirados habían inmediatamente pasado a dirigir estructuras paramilitares en diferentes sitios del país. Ello evidencia la ausencia de una verdadera voluntad política dirigida a combatir eficazmente el paramilitarismo, que contemple la depuración administrativa y judicial de la Fuerza Pública, así como la revisión de la doctrina militar que permite crear estos grupos.
La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es crónica. Salvo contadas excepciones, las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública siguen siendo de competencia de los tribunales militares con un alarmante saldo de impunidad. La Sentencia de la Corte Constitucional ordenando que los militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos fueran juzgados por la Jurisdicción civil ordinaria sigue sin ser acatada. El nuevo Código Penal Militar que entró en vigencia el año pasado, permite que graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones y abusos sexuales, continúen siendo competencia de los tribunales militares.
La puesta en marcha del llamado "Plan Colombia" , verdadera estrategia belicista que pretende desatar militarmente el conflicto colombiano, ya tiene efectos con el auge del paramilitarismo. Nuestras organizaciones tienen los más fundados temores de que este plan se traducirá en un aumento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Como lo señalo la Unión Europea, el pasado mes de octubre, una solución militar al conflicto colombiano no puede ser el camino para una paz duradera, para lo cual se requiere el fortalecimiento del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y combatir la las causas de la violencia y la impunidad.
Las recomendaciones, que desde hace más de una década han venido formulando los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos y los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos y, desde 1998, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la propia Comisión de Derechos Humanos, siguen siendo desatendidas por el Gobierno colombiano. En materia legislativa, los pocos avances registrados en el año 2000 no obedecieron a la voluntad del Poder Ejecutivo colombiano de observar las recomendaciones internacionales, sino a decisiones de la Corte Constitucional. Así, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el sistema de los Fiscales y de los testigos "sin rostros", de la ley 504 de 1999.
Al reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales, esto se suma, un hecho de extrema gravedad y altamente revelador de la voluntad política del Gobierno colombiano. Esta en trámite ante el Senado de Colombia, y con el apoyo del Ministerio de Defensa, un proyecto de ley que faculta a las Fuerzas Militares a realizar detenciones preventivas sin orden judicial e interrogar civiles. También, el proyecto de ley pretende otorgar una base legal que ampara a los grupos paramilitares y pretende exonerar de responsabilidad penal y disciplinaria a los miembros de la Fuerza Pública por actos cometidos en el desarrollo de operaciones de registro y control y acciones bélicas . Una norma similar, el decreto 0070 de 1978, fue declarada incompatible por el Comité de Derechos Humanos con la obligación internacional de proteger debidamente el derecho a la vida.
La cooperación del Gobierno colombiano debe significar ante todo el efectivo y genuino cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Pero la realidad nos indica otra cosa: una persistente y crónica falta de implementación de las recomendaciones internacionales por parte del Gobierno colombiano y una voluntad de reeditar normas que en su momento fueron censuradas por órganos y mecanismos internacionales. Esta situación es altamente preocupante.
El vertiginoso aumento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la persistente impunidad con que benefician los autores de estas violaciones, la expansión sin freno del paramilitarismo y el reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales son los elementos que caracterizaron a Colombia en el año 2000. Estos deben ser tenidos muy seriamente en cuenta por la Comisión de Derechos Humanos.
Por estas razones, nuestras organizaciones instamos a la Comisión de Derechos Humanos a que adopte una Resolución sobre Colombia en la que:
1. Manifieste enérgicamente su profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos;
2. Respalde plenamente la labor de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, asegurando de que esta cuente con los recursos humanos y financieros necesarios; y
3. Urja al Gobierno colombiano a cooperar plenamente con la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y a cumplir sin dilación con sus recomendaciones.
Asimismo instamos a la Comisión de Derechos Humanos a:
1. Designar un Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Colombia, como un mecanismo complementario de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y
2. Establecer un mecanismo en su seno que analice las causas del reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales por parte del Gobierno de Colombia.
57 período de sesiones
19 de marzo a 27 de abril de 2001
Tema 3 del programa: Organización de los trabajos
Intervención oral conjunta de:
la Comisión Internacional de Juristas,
Christian Aid,
la Federación Internacional de Derechos Humanos,
Franciscans International and Dominicans,
la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos y
la Organización Mundial Contra la Tortura
COLOMBIA
La situación de los derechos humanos en Colombia ya no es simplemente grave, es alarmantemente crónica. Lejos de haber disminuido, las masacres, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas aumentaron en el año 2000, a niveles vertiginosos jamas registrado antes. De un promedio diario de 10 víctimas de la violencia sociopolítica entre 1988 y 1997, y de 12 víctimas en 1998 y 1999, se pasó a una promedio diario de 20 víctimas entre abril y septiembre del año 2000. Esto significa que, en seis meses, 3.538 personas perdieron la vida por la violencia sociopolítica: diariamente 11 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales u homicidios políticos y 2 fueron "desaparecidas". El año pasado, por lo menos 112 sindicalistas fueron asesinados . El informe de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que refleja de forma fidedigna la situación del país, concluyó que las violaciones a los derechos humanos en Colombia en el año 2001" pueden ser calificadas de graves, masivas y sistemáticas" .
Esta tendencia se ha agravado en los primeros meses del año 2001. En los primeros 17 días del año 2001, según la Dirección de Policía Judicial e Investigaciones de la Policía Nacional, grupos paramilitares cometieron 23 masacres con un saldo de 162 víctimas . En los tres primeros meses de este año, 25 lideres sindicales fueron asesinados o desaparecidos.
La inmensa mayoría del desplazamiento forzado se debió a la acción de los paramilitares. El numero de desplazados internos al finalizar el año 2000 superó ampliamente la cifra de 2 millones de personas. Los desplazados permanecen sin una atención efectiva: su seguridad, reinstalación o retorno no han sido garantizados por las autoridades como lo ha señalado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos . A pesar de la decisión de la Corte Constitucional, de septiembre de 2000 , que calificó el desplazamiento interno de "situación grave de emergencia social" y que fijo términos al Gobierno para garantizar la ejecución de la ley 387 y solicitó destinar suficientes recursos para hacer frente a este fenómeno, el Gobierno colombiano sigue sin dar respuestas efectivas a los desplazados internos.
Durante el año 2000, los defensores de derechos humanos siguieron siendo víctimas de atentados a sus derechos fundamentales. Más de 11 defensores fueron asesinados, otros 3 desaparecidos mientras que más de un centenar han sido amenazados y muchas de ellos han tenido que abandonar el país. Miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) fueron repetidamente amenazados y hostigados a lo largo del año 2000, a pesar de las medidas provisionales indicadas en su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El año pasado, las infracciones al Derecho internacional humanitario aumentaron en volumen y gravedad. De especial gravedad fueron los ataques perpetrados por paramilitares en Urabá y por las FARC en Putumayo contra transportes sanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los grupos armados de oposición, FARC, ELN y EPL, cometieron numerosas infracciones al Derecho internacional humanitario, como el uso de medios bélicos con efectos indiscriminados, la práctica del secuestro - incluso colectivo - de civiles, el reclutamiento de menores de edad. Igualmente, la Fuerza Pública siguió cometiendo homicidios fuera de combate y ataques indiscriminados. El 15 de agosto, una patrulla del Ejército disparó contra un grupo de niños escolares, ocasionado la muerte de 6 de ellos.
La autoría de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario fueron atribuidas a grupos paramilitares. No obstante, investigaciones judiciales y de la Procuraduría han revelado que esos grupos, que operan con plena libertad y total impunidad en vastas zonas altamente militarizadas, mantienen estrechos vínculos con miembros de la Fuerza Pública y cuentan con su apoyo logístico y operativo. El caso del reten paramilitar instalado en la vereda "El Placer", municipio de La Hormiga (Putumayo) a escasos 15 minutos de las instalaciones de un Batallón de la XXIV Brigada del Ejército es ilustrativo. A pesar de que la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos alertó a las autoridades , este reten se mantuvo operacional por varios meses y los militares negaron su existencia. Asimismo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha podido comprobar la participación directa de miembros del Ejército junto con paramilitares en varias masacres.
Igualmente, investigaciones judiciales han demostrado que en varios casos de asesinatos atribuido o reivindicado por grupos paramilitares, estos eran obra de miembros del Ejército. El fallido atentado contra el dirigente sindical Wilson Borja Díaz, el pasado 15 de diciembre, reivindicado por un grupo paramilitar ilustra esta realidad: la investigación realizada por la Fiscalía implica en el atentado a varios miembros de la Fuerza Pública. En uno de los allanamientos realizados a la vivienda de uno de los detenidos, quien presta sus servicios a inteligencia militar, fue hallada una fotografía del abogado y defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz, así como los datos de su oficina y de su residencia. Este último hecho nos hace temer un inminente ataque contra la vida del doctor Uribe Muñoz.
La conclusión a la que llegara el Defensor del Pueblo en 1997 de que los paramilitares "se han convertido en el brazo ilegal de la fuerza pública para la que ejecutan el trabajo sucio que ella no puede hacer por su carácter de autoridad sometida al imperio de la ley" , sigue vigente.
La expansión territorial del paramilitarismo registró, en el año 2000, niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos departamentos de Colombia están bajo su control. Desde finales de 2000 y en el curso de este año, grupos paramilitares han copado, con la complicidad de la Fuerza Pública, varios barrios de Barrancabermeja, principal puerto interno petrolero de Colombia y ciudad altamente militarizada. Entre enero y marzo del 2001, estas incursiones paramilitares han dejado un saldo cercano a 150 personas asesinadas. La población de este puerto petrolero vive bajo el terror paramilitar y la inacción del Gobierno.
La política gubernamental contra el paramilitarismo es totalmente insatisfactoria y esta lejos de cumplir con las recomendaciones internacionales. El "Centro de Coordinación de la Lucha contra los Grupos de Autodefensa" , creado en febrero del año pasado por el Gobierno colombiano, no ha tenido mayor impacto y las capturas registradas de paramilitares han obedecido la acción decidida de la Fiscalía. Esta medida no es novedosa, ya en 1989 habían sido creados, sin resultados efectivos, una Comisión asesora de alto nivel y un Cuerpo Elite para combatir el paramilitarismo . A esto se suma, la reciente iniciativa legislativa en curso en el Senado de Colombia, apoyada por el Ministerio de Defensa, que trata de establecer una base legal que ampare a los grupos paramilitares.
En octubre 2000, el Ministro de Defensa anunció el retiro de 388 miembros de las fuerzas armadas por diferentes motivos. Se desconoce cuantos fueron realmente retirados por violaciones de derechos humanos. Según informes de prensa, solamente alrededor de 20 de los 388 fueron desvinculados por casos de violaciones a los derechos humanos. Ninguno de ellos ha sido procesado judicialmente y en noviembre, se conoció que varios de estos militares retirados habían inmediatamente pasado a dirigir estructuras paramilitares en diferentes sitios del país. Ello evidencia la ausencia de una verdadera voluntad política dirigida a combatir eficazmente el paramilitarismo, que contemple la depuración administrativa y judicial de la Fuerza Pública, así como la revisión de la doctrina militar que permite crear estos grupos.
La impunidad de las violaciones a los derechos humanos es crónica. Salvo contadas excepciones, las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública siguen siendo de competencia de los tribunales militares con un alarmante saldo de impunidad. La Sentencia de la Corte Constitucional ordenando que los militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos fueran juzgados por la Jurisdicción civil ordinaria sigue sin ser acatada. El nuevo Código Penal Militar que entró en vigencia el año pasado, permite que graves violaciones a los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones y abusos sexuales, continúen siendo competencia de los tribunales militares.
La puesta en marcha del llamado "Plan Colombia" , verdadera estrategia belicista que pretende desatar militarmente el conflicto colombiano, ya tiene efectos con el auge del paramilitarismo. Nuestras organizaciones tienen los más fundados temores de que este plan se traducirá en un aumento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Como lo señalo la Unión Europea, el pasado mes de octubre, una solución militar al conflicto colombiano no puede ser el camino para una paz duradera, para lo cual se requiere el fortalecimiento del estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y combatir la las causas de la violencia y la impunidad.
Las recomendaciones, que desde hace más de una década han venido formulando los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos y los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos y, desde 1998, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la propia Comisión de Derechos Humanos, siguen siendo desatendidas por el Gobierno colombiano. En materia legislativa, los pocos avances registrados en el año 2000 no obedecieron a la voluntad del Poder Ejecutivo colombiano de observar las recomendaciones internacionales, sino a decisiones de la Corte Constitucional. Así, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el sistema de los Fiscales y de los testigos "sin rostros", de la ley 504 de 1999.
Al reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales, esto se suma, un hecho de extrema gravedad y altamente revelador de la voluntad política del Gobierno colombiano. Esta en trámite ante el Senado de Colombia, y con el apoyo del Ministerio de Defensa, un proyecto de ley que faculta a las Fuerzas Militares a realizar detenciones preventivas sin orden judicial e interrogar civiles. También, el proyecto de ley pretende otorgar una base legal que ampara a los grupos paramilitares y pretende exonerar de responsabilidad penal y disciplinaria a los miembros de la Fuerza Pública por actos cometidos en el desarrollo de operaciones de registro y control y acciones bélicas . Una norma similar, el decreto 0070 de 1978, fue declarada incompatible por el Comité de Derechos Humanos con la obligación internacional de proteger debidamente el derecho a la vida.
La cooperación del Gobierno colombiano debe significar ante todo el efectivo y genuino cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Pero la realidad nos indica otra cosa: una persistente y crónica falta de implementación de las recomendaciones internacionales por parte del Gobierno colombiano y una voluntad de reeditar normas que en su momento fueron censuradas por órganos y mecanismos internacionales. Esta situación es altamente preocupante.
El vertiginoso aumento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la persistente impunidad con que benefician los autores de estas violaciones, la expansión sin freno del paramilitarismo y el reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales son los elementos que caracterizaron a Colombia en el año 2000. Estos deben ser tenidos muy seriamente en cuenta por la Comisión de Derechos Humanos.
Por estas razones, nuestras organizaciones instamos a la Comisión de Derechos Humanos a que adopte una Resolución sobre Colombia en la que:
1. Manifieste enérgicamente su profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos;
2. Respalde plenamente la labor de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, asegurando de que esta cuente con los recursos humanos y financieros necesarios; y
3. Urja al Gobierno colombiano a cooperar plenamente con la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y a cumplir sin dilación con sus recomendaciones.
Asimismo instamos a la Comisión de Derechos Humanos a:
1. Designar un Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Colombia, como un mecanismo complementario de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y
2. Establecer un mecanismo en su seno que analice las causas del reiterado incumplimiento de las recomendaciones internacionales por parte del Gobierno de Colombia.