Bolivia: Preocupación en el EPU por falta de adecuados instrumentos jurídicos que aseguren la protección de derechos humanos

Los 101 países miembros que participaron en el EPU valoraron los esfuerzos del gobierno boliviano para reducir las desigualdades de género, ampliar el acceso a la educación para niños y niñas, facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad, empoderar a las mujeres y disminuir los índices de analfabetismo y abandono escolar. No obstante, el Consejo expresó su preocupación por diversas temáticas relacionadas con los derechos humanos, la libertad de expresión y de reunión pacífica.

En particular, el delegado de Polonia, Sr. Łukasz Róźycki, exhortó al Gobierno a ‘‘remover cualquiera disposición que pudiera restringir de manera desproporcionada la capacidad de organizaciones de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente, y efectivamente.’’ A esta solicitud se sumaron otros países, como Colombia, Suecia, Cuba y Costa Rica. El delegado de Colombia el Sr. Gustavo Gallón sugirió específicamente ajustar la Ley 351 y su decreto regulatorio 1597 con los estándares internacionales, a fin de garantizar la libertad de operación de las organizaciones de la sociedad civil.

La necesidad de adaptar las leyes nacionales a los estándares y tratados internacionales de derechos humanos fue un tema recurrente en las intervenciones de los Estados miembros. Se resaltó la importancia de adecuar las definiciones de los tipos penales y de adoptar un marco jurídico que garantizara la libertad de expresión y protegiera el trabajo de los periodistas, los medios independientes y los activistas.

Del mismo modo, los Estados denunciaron la falta de leyes adecuadas contra la tortura y la ausencia de un mecanismo efectivo para que las víctimas de tortura puedan denunciar y recibir reparación. Se destacó también la necesidad de un marco jurídico sólido para garantizar la libertad de expresión de los periodistas, activistas y medios independientes.

Las recomendaciones también se centraron en la necesidad de fortalecer los instrumentos jurídicos existentes, en particular la independencia y el funcionamiento de los mecanismos encargados de recibir denuncias sobre violaciones de derechos humanos y de investigar casos de desapariciones forzadas.

Además, los Estados miembros hicieron un llamado a prestar mayor atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, especialmente en las zonas rurales, donde las desigualdades salariales y la pobreza son más pronunciadas. Se instó a tomar medidas para reducir la trata de personas, proteger los derechos de los pueblos indígenas y a prevenir la violencia sexual y el matrimonio infantil en niñas y niños.

Instamos al Estado boliviano a concretar los esfuerzos emprendidos, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, relacionados con la adopción de una ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente a víctimas de tortura, así como a fortalecer el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.