América Latina y Caribe: Gobiernos deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

• América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

• Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de la región, a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

9 de diciembre

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados/as, estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de libertad, desplazamientos forzados, secuestro, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.

Es por eso que hoy, en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, es necesario no solo reconocer la labor que llevan a cabo por la justicia y la defensa de los derechos y comunidades, sino también hacer un llamado a todas las instancias del Estado a que pongan en marcha acciones concretas y reales, con enfoque de género e interseccional, que estén dirigidas a proteger la vida e integridad de las personas defensoras y garanticen el derecho a la defensa de derechos humanos.

Para esto, las y los parlamentarios de cada país deben impedir adoptar normatividades que restringen el espacio cívico de la sociedad civil, el uso de mecanismos que permitan la criminalización del rol de las personas defensoras y la imposición de obstáculos fiscales o de registro a las asociaciones de la sociedad civil. Es necesario que las instancias de todos los niveles de gobierno generen acciones de reconocimiento a la labor de personas defensoras, medidas de protección en beneficio de estas y se abstengan de generar campañas de desprestigio.

Es urgente la persecución penal en los delitos y las sanciones correspondientes en casos de inacción y rezago en la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras. Las instancias de procuración y administración de justicia deben contar con lineamientos especializados y mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía, en particular a personas defensoras, conocer el avance del estado de las investigaciones. Las instancias encargadas de velar por la vida e integridad de personas en situación de riesgo deben ser fortalecidas y contar con las capacidades humanas y financieras que posibiliten la coordinación en los distintos niveles de gobierno y poderes públicos a nivel nacional o binacional, esto último cuando se trate de pueblos indígenas defensores en territorios transfronterizos.

Es prioritario establecer una política de tolerancia cero de violencia y un marco legal claro que prevean sanciones ante casos que involucran a las empresas o contratistas que promuevan acciones de criminalización o riesgo para personas defensoras. Asimismo, es urgente que se diseñen e implementen mecanismos para fiscalizar la actividad empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones y la debida diligencia. Y en este contexto, también exhortamos a los Estados a generar procesos de investigación, justicia y sanción a los actores privados, donde se haga visible no solo a los actores materiales sino también a los actores intelectuales de dichos ataques. Se debe garantizar a las víctimas y sus familias adecuados procesos de reparación. Además, es urgente prevenir que los sistemas nacionales de justicia, ya sea desde la vía penal, constitucional o civil, obstruyan la labor de personas defensoras. Así como acciones multisectoriales para la erradicación de actividades ilegales, como narcotráfico, tala ilegal y tráfico de tierras, que son fuente de violencia contra personas defensoras y sus comunidades.

Desde las organizaciones de la sociedad civil de varios países de la región, seguiremos construyendo redes y mecanismos de apoyo mutuo y autoprotección para responder a las amenazas, ataques y riesgos actuales, así como prevenir y alertar sobre otros desafíos por venir. También continuaremos exigiendo a los gobiernos de la región que cumplan con sus obligaciones de protección conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y en lo establecido en la Declaración de Personas Defensoras.

Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad en general, a las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y a los organismos multilaterales a que reconozcan la importancia del papel de las y los numerosos activistas, se sumen a sus justas causas y exijan a los gobiernos y dirigentes a que apoyen la labor de las personas defensoras y generen políticas de protección para garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Hoy, la defensa de derechos es más urgente que nunca en la región y es crucial que fortalezcamos y protejamos a quienes defienden los derechos de todos y todas. Estamos convencidas y convencidos que acompañando y respaldando su trabajo fortalecemos las democracias de América Latina y el Caribe.

Organizaciones y redes firmantes disponibles aquí.