Los 10 mayores momentos de justicia de la Red SOS-Tortura en 2023

Tras más de tres años de acoso judicial, diez defensores de los derechos humanos, entre ellos miembros de nuestra organización en red Karapatan, Gabriela y nuestro socio, los Misioneros Rurales de Filipinas (RMP), han sido absueltos en enero de los cargos de perjurio que se les imputaban. El caso se originó en 2019 a partir de una petición presentada por el entonces Asesor de Seguridad Nacional, un funcionario clave de alto rango que asesora al Presidente en casi todas las cuestiones relacionadas con la seguridad del país.

En febrero entró en vigor en Tailandia la tan esperada Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas. La ley es el resultado de los persistentes esfuerzos de las víctimas y sus familias, los grupos de la sociedad civil, incluida la Cross Cultural Foundation, miembro de nuestro Grupo Regional de Litigantes contra la Tortura y los Malos Tratos en Asia, los parlamentarios y las autoridades pertinentes para establecer un marco jurídico que impida la tortura y la desaparición forzada y proporcione reparación a las víctimas y supervivientes.

En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia contra Italia por violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el caso de los cuatro migrantes. Los demandantes habían sido detenidos arbitrariamente en Lampedusa en condiciones inhumanas y degradantes y habían sido víctimas de una expulsión colectiva. Nuestro Grupo de Trabajo sobre Migración y Tortura de SOS-Tortura en África presentó una intervención de terceros en la que ponía de relieve las condiciones inhumanas y degradantes de los centros de Lampedusa. Tras varias decisiones controvertidas sobre detención y expulsión de inmigrantes, esta medida fue elogiada por defender los derechos de los inmigrantes.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que cuatro defensores del territorio indígena Mayangna Sauni, condenados a cadena perpetua por las autoridades nicaragüenses, fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual en prisión. Desde 2022, permanecen detenidos en celdas de alta seguridad, incomunicados, en condiciones inhumanas y degradantes, y sin atención médica a pesar de su estado de salud extremadamente precario. Sufrieron torturas y agresiones sexuales. La decisión de la CIDH es el resultado de un esfuerzo conjunto que promovimos junto con el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI) y otros socios.

Elchin Mammad, abogado de derechos humanos y periodista de Azerbaiyán, quedó en libertad en mayo tras recibir el indulto presidencial por parte del presidente Ilham Aliyev. Fue detenido por agentes de policía en su domicilio de Sumgait en 2020, tras la publicación en Internet de un informe en el que criticaba la situación de los derechos humanos en el país, y condenado arbitrariamente a cuatro años de prisión por cargos inventados de robo y tenencia ilícita de accesorios de armas de fuego. En el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, abogamos por su liberación.

En mayo, el gobierno de México presentó una disculpa pública a Damián Gallardo Martínez, defensor indígena de los derechos humanos que fue detenido arbitrariamente y torturado. Este fue el resultado de un litigio ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que en 2022 determinó que Gallardo Martínez era víctima de tortura y exigió a México que le proporcionara una reparación completa, incluida una disculpa pública. El Consorcio Oaxaca, miembro de la Red SOS-Tortura, litigó el caso, mientras que la OMCT concedió ayuda de emergencia para cubrir los gastos de asistencia médica, psicológica y jurídica adecuada.

La República Democrática del Congo (RDC) creó un comité para garantizar la reparación a las víctimas de violencia sexual y crímenes contra la humanidad. Junto con su miembro de la red Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux (AUDF), y su socio cercano Association Pour Le Développement Socioéconomique du Kasaï (ADSKA), la OMCT abogó por la reparación y rehabilitación de las víctimas de violencia sexual ante el Comité contra la Tortura de la ONU en 2019. Se trata de un avance notable, dado que la RDC se enfrenta a violaciones sistemáticas y otras formas de violencia sexual a escala masiva; se calcula que entre 250.000 y 1 millón de mujeres han sido violadas desde el inicio del conflicto armado en la década de 1990.

En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Rusia había sometido a un homosexual a «violencia selectiva únicamente por su orientación sexual». Maksim Grigoryecich Lapunov fue detenido en Chechenia, recluido en régimen de incomunicación y torturado bajo custodia policial. El Tribunal destacó las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas por su orientación sexual real o percibida. Presentamos una intervención de terceros en este caso, denunciando la flagrante omisión del gobierno de investigar la tortura contra personas LGBTIAQ+ en Chechenia, incluso durante la llamada «purga anti-gay» de 2017.

Junto con el IRCT y socios locales, facilitamos una reunión entre familiares, supervivientes y víctimas de tortura de 13 países latinoamericanos, y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura en Colombia. Los participantes compartieron sus sentimientos y reflexiones sobre el largo camino hacia la justicia, la verdad y la reparación de la violencia respaldada por el Estado. La reunión dio lugar a la Declaración de Bogotà de Víctimas y Supervivientes de Tortura de América Latina, un documento único en el que las víctimas hablan de su experiencia y piden reparaciones.

SANAD, el programa de la OMCT de asistencia directa a las víctimas de tortura y otras formas de malos tratos en Túnez, ha obtenido reparación para Jamel Ouerghi este mismo mes. En 2016, Jamel fue brutalmente torturado por la policía. Sufrió graves lesiones en la cabeza y estuvo en coma casi cuatro meses. Fue trasladado a varios hospitales para ser operado. A día de hoy, sigue gravemente discapacitado. Tras siete años de batalla legal, el Tribunal de Apelación ha confirmado las penas de prisión de sus torturadores y le ha concedido una indemnización.