Ser mujer y defensora de los derechos humanos bajo el régimen de excepción en El salvador
La realidad salvadoreña, marcada por altos índices de violencia y discriminación, impulsó a Verónica Reyna, psicóloga y directora del programa de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), a convertirse en defensora de derechos humanos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Verónica expone las múltiples formas de violencia y estigmatización que enfrentan especialmente las mujeres, las personas jóvenes y la comunidad LGBTIQ+.
El Servicio Social Pasionista, aliado de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), documenta y denuncia los abusos policiales, promoviendo la defensa de la vida. Desde el 27 de marzo de 2022, el régimen de excepción en El Salvador ha suspendido derechos y garantías constitucionales bajo la excusa de reducir la violencia criminal. En esta entrevista, Verónica destaca que proteger los derechos humanos es esencial para sostener una sociedad democrática y respetuosa de la dignidad de todas las personas.
¿Qué te inspiró a convertirte en defensora de los derechos humanos?
Las circunstancias de la vida y el contexto histórico del país donde nací y donde vivo me llevaron a convertirme en defensora de los derechos humanos. El Salvador ha estado siempre marcado por altos índices de violencia social asociados a las pandillas, que amenazan principalmente a la niñez, la adolescencia y la juventud.
¿Qué te motiva a continuar con tu trabajo?
Mi mayor motivación es la resiliencia de las víctimas y los movimientos sociales. Me impacta profundamente la fuerza con la que siguen alzando la voz, protestando y denunciando; no se dejan silenciar a pesar de la exclusión, estigmatización y discriminación que enfrentan diariamente por parte del Estado.
¿Podrías describir el papel tu organización en la documentación de violaciones de derechos humanos?
El Servicio Social Pasionista se creó hace 35 años y desde hace más de 11 años documentamos la violencia policial y estatal que ejercen los cuerpos de seguridad sobre la población. Desde el inicio del régimen de excepción hemos documentado un aumento significativo las detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. Como organización que se dedica a promover el derecho a la vida, hacemos todo lo posible por amplificar las voces de las víctimas y sus familiares e incidir a nivel nacional e internacional en la protección de sus vidas.
¿El trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos se ha vuelto más peligroso desde el comienzo del régimen de excepción?
Sí. El Gobierno está instrumentalizando el régimen de excepción para suspender derechos y garantías constitucionales. Esto se traduce en que es usado por la policía y los militares para amenazar principalmente a personas defensoras del territorio, colectivos sindicales, periodistas y a todo aquél que documente las violaciones de derechos humanos. Para finales de 2024 más de 83 mil personas habían sido detenidas de forma arbitraria. Eso genera un efecto mariposa, donde la población y las voces críticas se sienten controladas, vigiladas y amenazas.
¿Cuáles son los principales patrones de violencia policial y discriminación de género?
Las políticas de seguridad actuales cumplen con patrones de discriminación, estigmatización y exclusión: las víctimas principales son hombres jóvenes, de piel morena, que viven en situación de pobreza. Al separarlos arbitrariamente de su familia, se genera una nueva capa de vulnerabilidad hacia las mujeres, quienes se ven forzadas a buscar alternativas de ingreso precarizado para alimentar a su familia.
El Estado no le garantiza ni la alimentación ni la ropa a la persona detenida, por lo que las mujeres deben de asumir también esa responsabilidad. Asimismo, las mujeres detenidas son víctimas de violencia obstétrica sistemática; mientras que los hombres gais, pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, son sometidos a violencia sexual en las prisiones.
¿Las organizaciones no gubernamentales se han visto afectadas?
Por supuesto, el régimen de excepción se ha instrumentalizado para reducir aún mas el espacio cívico. La estrategia de hostigamiento tiene tres niveles: el sistema legal, el uso de la fuerza policial, y el aislamiento de las personas defensoras en zonas rurales. Para las personas defensoras del territorio, por ejemplo, es más difícil acceder a diferentes recursos y tienen menos redes de apoyo, lo que las expone a mayor vulnerabilidad y facilita su criminalización.
¿La popularidad del presidente, Nayib Bukele, ha influido en la percepción pública de los derechos?
La estrategia de propaganda ha sido cuidadosamente diseñada para promocionar a Bukele como una persona progresista, que busca el desarrollo del país y la erradicación de la violencia. Eso le ha dado popularidad, tanto a nivel nacional como internacional. El problema es que la realidad es más compleja: se trata de un liderazgo conservador, fundamentalista y patriarcal.
Su agenda política reniega los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y a la población LGBTIQ+. Es una política agresiva, represiva y conservadora que instrumentaliza al ejército para restringir los derechos de toda la población.
¿Tienes recomendaciones para la comunidad internacional?
Los invitaría a cuestionarse el supuesto éxito del modelo de seguridad de Bukele, que es sumamente peligroso para la democracia: es un modelo autoritario y represivo. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de instar a la defensa y protección de los derechos humanos, especialmente por la tortura sistemática en las prisiones.
Las misiones internacionales tienen que exigir entrar a las cárceles, especialmente aquellas a las que el gobierno no quiere que entren. Finalmente, llamaría a la comunidad internacional a amplificar y visibilizar el grave impacto de estas políticas en la infancia, en las mujeres, en los adolescentes y los jóvenes.
¿Cuál es tu visión para el futuro de las personas defensoras de derechos humanos?
Para mí es esperanzador que el movimiento social está cada vez más despierto y más firmes en su protesta y lucha por las reivindicaciones sociales. Cada día somos más los que nos atrevemos a denunciar el impacto del régimen de excepción y de las políticas económicas, que son discriminatorias y agresivas hacia la población más pobre. Eso ha despertado espacios de lucha desde el territorio, el sindicalismo, las luchas feministas y las luchas del movimiento LGBTIQ+. Me da esperanza en que sí es posible frenar el retroceso democrático y proteger los derechos humanos de todos y todas las personas salvadoreñas.
Únete a nuestro movimiento global contra la tortura para ayudar a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en todo el mundo y permitir que los supervivientes se recuperen y obtengan justicia. Apoya a la OMCT y su Red SOS-Tortura: tu donación puede marcar una verdadera diferencia en la promoción de la dignidad humana.
