“Las personas encarceladas tienen unas probabilidades desproporcionadamente altas de sufrir problemas de salud crónicos”

Más de diez millones de personas se encuentran en instituciones penitenciarias en todo el mundo y Estados Unidos es el país con mayor índice de encarcelamiento. Se han documentado casos de abandono, maltrato y violaciones de derechos humanos en cárceles de todo el mundo.

Frecuentemente se ignoran los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud. Son comunes el abandono y las deficiencias en las condiciones de vida y la atención médica. A menudo, los servicios médicos en las cárceles son de mala calidad o de difícil acceso. Con frecuencia, las cárceles carecen de atención primaria, pruebas diagnósticas y vacunación, incluso en un contexto en el que las personas privadas de libertad corren un mayor riesgo de padecer enfermedades y de morir. En muchos países, los cuidados intensivos también son deficientes y hay muchos retos en materia de seguimiento adecuado y oportuno y de derivación a especialistas o a servicios sanitarios externos.

Las personas encarceladas tienden a enfermar más a menudo que la población general y tienen unas probabilidades desproporcionadamente altas de sufrir problemas de salud crónicos (hipertensión, diabetes, VIH, tuberculosis o problemas de salud mental).

Aunque la privación de libertad es complicada, también debería suponer una oportunidad para ofrecer educación en materia de salud, atención médica, servicios de salud preventiva y tratamiento contra el uso indebido de estupefacientes para grupos marginalizados a los que es generalmente difícil llegar en las comunidades.

¿Puede mencionar algunos obstáculos que impiden que exista una atención sanitaria adecuada en las cárceles?

Los servicios sanitarios en las cárceles son a menudo poco adecuados y están por debajo de los estándares de la sociedad. No hay suficiente personal ni suministros y la atención primaria y los cuidados intensivos son deficientes. Estos problemas tienen múltiples causas, incluyendo la falta de financiación, las lagunas normativas, la ausencia de protocolos explícitos y la marginalización de la población carcelaria.

La falta de personal y la ausencia de políticas y protocolos adecuados con frecuencia hacen que el personal penitenciario tenga que tomar decisiones médicas para las que no está preparado, puesto que no cuenta con la formación necesaria para hacer valoraciones sobre cuestiones de salud.

Es comprensible que las personas privadas de libertad no confíen en el sistema sanitario.

Para muchos trabajadores sanitarios del sistema penitenciario existe riesgo de “doble lealtad” cuando hay un conflicto entre las obligaciones profesionales que tienen de cara a sus pacientes y las que tienen de cara a su empleador (es decir, las autoridades penitenciarias). Esto puede provocar que el personal sanitario haga oídos sordos o incluso sea partícipe en casos de tortura, alimentación forzada, encadenamiento, prescripción inadecuada de medicamentos psiquiátricos, régimen de aislamiento, revelación no consentida de datos sanitarios a terceros, registros corporales y pena de muerte, entre otros. El personal sanitario debe ser consciente de este riesgo y garantizar la misma independencia profesional que tienen quienes trabajan fuera del entorno penitenciario.

¿Cuál es la relación entre la salud de las personas privadas de libertad y la saturación de las cárceles?

Es más fácil que se propaguen las enfermedades infecciosas (como la COVID-19 y la tuberculosis) en las cárceles debido a la saturación y a que, por naturaleza, los lugares de privación de libertad son sitios con una alta concentración de personas. Esto puede afectar tanto a quienes están entre rejas como al personal. Las necesidades sanitarias del personal y de los presos deben abordarse conjuntamente, especialmente teniendo en cuenta el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas.

Ranit Mishori es profesora de medicina de familia en la Universidad de Georgetown y asesora médica senior en Physicians for Human Rights, Estados Unidos.