Defensores indígenas Mayangna condenados a cadena perpetua por defender su territorio

22 de Abril de 2025.- En las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, como el Territorio Mayangna Sauni As (TMSA), ubicado en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, los defensores, guardabosques y autoridades indígenas enfrentan amenazas crecientes, no solo por la invasión de personas no indígenas (colonos), sino también por la represión del gobierno, que promueve una política de colonización interna mediante el extractivismo de empresas mineras, forestales y la industria cárnica derivada de la ganadería extensiva, violando los derechos de las comunidades y actuando sin el consentimiento libre, prevo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El caso de los defensores indígenas Mayangna, Dionisio Robins Zacarías, Donald Andrés Bruno Arcángel, Argüello Celso Lino e Ignacio Celso Lino, quienes desempeñanban roles cruciales en sus comunidades, desde guardabosques hasta autoridades comunales es una muestra de esta política del régimen que busca controlar los territorios de las comunidades indígenas y perseguir a sus líderes comunitarios. Los defensores fueron detenidos arbitrariamente y condenados injustamente a la pena de cadena perpertua por el ataque en la mina de Kiwakumbaih. En esta entrevista, una persona defensora de derechos humanos de Nicaragüa nos cuenta más sobre este caso.
¿Qué ocurrió durante el ataque en la mina de Kiwakumbaih?
El 23 de agosto de 2021, alrededor de 37 personas, en su mayoría indígenas Mískitu y Mayangna, se encontraban trabajando en el punto de de güirisería –minería artesanal- en la mina Kiwakumbaih, en el cerro Pukna del Territorio Mayangna Sauni As (TMSA). A las 3:00 de la tarde, un grupo de aproximadamente 30 hombres armados, no indígenas, que hablaban español, usaban radios “walky talky” y ropa militar, atacaron el lugar con armas de fuego, incluidas armas de guerra. Unas 22 personas lograron escapar al escuchar los disparos y declararon públicamente y ante la Policía Nacional esta información, además de reportar que 15 personas fueron asesinadas; sin embargo, la Policía identificó únicamente a 9 víctimas. Durante la masacre, fueron asesinadas varias personas, incluidas mujeres y menores de edad con señales de abuso sexual.
¿Cómo afectó este conflicto a la comunidad Mayangna?
El ataque a Kiwakumbaih constituyó para los indígenas un motivo de confusión, conflicto y humillación por violencia enfrentada y por las mujeres asesinadas y violadas. Además, como los indígenas tradicionalmente obtienen oro de la mina, estos consideran que el ataque fue una venganza de parte de los colonos, ya que los indígenas habían expulsado meses anteriores a los colonos que pretendían apoderarse del lugar. Los colonos venden el oro que obtienen de las minas a las empresas ubicadas en el TMSA. Por lo que el ataque tuvo como objeto sacar a los indígenas de Kiwakumbaih, infringiéndoles terror con los asesinatos.
¿Qué motivo principal se argumentó para la detención de estos defensores indígenas y por qué se consideran arbitrarias?
La Policía Nacional acusó inicialmente a 14 y luego a 40 indígenas del TMSA de haber participado en la masacre de Kiwakumbaih, entre los cuales sin orden de autoridad competente detuvo a los cuatro defensores y autoridades indígenas, Dionisio Robins Zacarías, Donald Andrés Bruno Arcángel, Argüello Celso Lino e Ignacio Celso Lino, quienes, además, fueron desaparecidos forzosamente por varios meses e incomunicados desde su detención, sin que su familia supiera de su paradero.
Además, violando su derecho a la presunción de inocencia, la Policía Nacional los presentó en una rueda de prensa con alcance nacional, “como los delincuentes…autores materiales e intelectuales de los crímenes y hermanos de una de las perjudicadas de abuso sexual…”. Su juicio se realizó a puerta cerrada, y aunque supuestamente los detuvieron por portación ilegal de armas, la Policía Nacional no presentó ningún arma como prueba; además, el Ministerio Publico solo presentó a varios policías como testigos, mientras que la defensa y sus testigos fueron claros al señalar que el señor Donald Andrés Bruno Arcángel, huyó del lugar como el resto de los sobre vivientes de la masacre y que los otros tres acusados se encontraban lejos del lugar de los hechos en el momento en que estos ocurrieron, haciendo imposible su participación. A pesar de estos testimonios el juez encontró culpables a los cuatro acusados condenándolos a cadena perpetua más 4 años de cárcel, estos últimos por el supuesto secuestro de una de las víctimas y su hija, constituyendo una condena ilegal e injusta.
¿Por qué la Policia Nacional acusó a las autoridades indígenas y guardabosques si los testigos señalaron que los agresores eran no indígenas?
La Policía Nacional acusó de manera arbitraria a los indígenas y guardabosques, a pesar de que los testigos señalaron que los agresores no eran indígenas. Algunos testigos incluso afirmaron que fueron intimidados por miembros de la Policía, quienes además difundieron el rumor de que la víctima, la Sra. Bercinia Celso Lino, había señalado a los defensores indígenas como culpables durante el ataque, lo cual causó repudio entre los miembros de la comunidad y animadversión en su contra.
La Policía Nacional y el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, presentes en la Reserva de la Biosfera de Bosawás desde hace años, han desempeñado un papel crucial en el aumento de la violenta invasión de colonos en los territorios indígenas. A pesar de contar con más de 10 años de presencia en la zona, su incumplimiento en el deber de sancionar y denunciar los hechos denunciados, así como a sus responsables, ha propiciado un entorno de impunidad. Situación que ha escalado, por su actuación en la persecución de defensores indígenas que luchan por proteger sus tierras ancestrales.
¿Cómo afecta la situación de los defensores detenidos a la lucha por los derechos indígenas y la defensa de la tierra en Nicaragua?
En línea con la política estatal de colonización interna en la Costa Caribe de Nicaragua, que fomenta la usurpación de tierras y el control económico del régimen en las regiones autónomas, se detiene, condena y somete a malos tratos y hasta a tortura a autoridades y líderes indígenas. A menudo son presentados públicamente como culpables antes de ser juzgados y luego exhibidos encadenados de pies y manos frente a sus familias, con el fin de silenciarlos y frenar la resistencia contra la expansión del control político y económico del régimen sobre los recursos naturales de los territorios indígenas. Esta acción envía un claro mensaje a las comunidades y la resistencia indígena, advirtiendo que cualquier líder, incluso los guardabosques comunitarios -primer “muro de contención” ante los colonos-, pueden ser víctima de represión si defienden sus tierras. Mientras tanto la impunidad favorece a los colonos armados que usurpan tierras indígenas en el Territorio Mayangna Sauni As.
¿En qué situación se encuentran actualmente los defensores indígenas y se han denunciado maltratos o actos de tortura durante su detención?
Los defensores continuan detenidos arbitrariamente en el “Centro Penitenciario Jorge Navarro”, también conocido como “La Modelo”, se encuentran en situación de gravedad y urgencia de sufrir daños irreparables a su integridad física y mental amenazando sus vidas; ya que desde que llegaron al sistema penitenciario en diciembre de 2021, han estado incomunicados, en condiciones inhumanas y degradantes, víctimas de tortura, tratos crueles y amenazas que han derivado en agresiones físicas y sexuales. Se les ha negado atención médica, a pesar de que su estado de salud es extremadamente delicado. Además, los custodios y los demás internos –presos comunes- los maltratan cuando hablan en idioma Mayangna entre ellos.
¿Qué acciones se están tomando para lograr la liberación de los defensores indígenas y qué debería hacer la comunidad internacional ante su situación actual?
Existe un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en favor de los cuatro defensores indígenas que aún no ha sido resuelto; la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por medio de la Resolución 20/23 emitida el 13 de abril de 2023, otorgó Medidas Cautelares a favor de las cuatro autoridades y lideres indígenas, sin embargo, el Estado no tomó ninguna medida para protegerles la vida; el 27 de junio de 2023 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua liberarlos antes del 10 de julio de 2023, el régimen hizo caso omiso a la orden de la Corte IDH. Además, el 30 de agosto de 2024 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la opinión 30/2024 declarando, entre otras cosas, que el Estado de Nicaragua debería liberar y concederles una indemnización a las cuatro autoridades y guardabosques comunitarios del TMSA. La comunidad internacional debe seguir exigiendo la liberación de los cuatro autoridades y guardabosques comunitarios del TMSA.