Argentina: "El nuevo gobierno ataca los derechos humanos por todos los flancos"

¿Cómo describiría la situación actual de los derechos humanos en Argentina?

Es un desafío. El nuevo gobierno ataca los derechos humanos desde todos los frentes. La situación económica se deterioró rápidamente. Las élites políticas gobernantes intentan modificar la estructura social y promueven el retraimiento del Estado en favor de la desregulación y la desprotección. Pero el movimiento de derechos humanos argentino está mostrando capacidad de articulación amplia para resistir los embates.

¿Cómo afectan estas políticas a los defensores de los derechos humanos y a los supervivientes de tortura?

Los límites de la violencia política están cambiando. Los defensores de derechos humanos y diversos grupos vulnerables son blanco de ataques en las redes sociales y en los principales medios de comunicación. El gobierno pretende cerrar o desfinanciar varios organismos estatales que realizan un trabajo fundamental para estos grupos, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI). Distintos funcionarios estatales se oponen abiertamente al lenguaje inclusivo e incluso prohíben lo que denominan "ideología de género", sosteniendo una perspectiva de género que refuerza el sistema patriarcal.

¿Y la violencia policial?

Justo después de la asunción del nuevo presidente, su gobierno empezó a atacar fuertemente el derecho a la protesta. La nueva ministra de Seguridad derogó una resolución que prohibía a los agentes de seguridad federales portar armas de fuego en las manifestaciones y los obligaba a tener una identificación visible en todo momento. Esta resolución fue emitida en 2011, después de decenas de muertes en protestas.

También nos preocupa mucho el uso de las llamadas armas "menos letales". Las balas de goma y de plástico, las granadas de gas lacrimógeno, las porras y los irritantes químicos se han convertido en habituales durante las intervenciones policiales. Varios manifestantes han sufrido recientemente lesiones oculares o incluso han perdido la visión a causa de estas armas. Estas prácticas buscan producir un efecto amedrentador en los manifestantes e infligen daños duraderos a la salud y psicosociales a los afectados y sus comunidades.

Su gobierno ha llegado a advertir que los manifestantes podrían perder su derecho a recibir prestaciones estatales. ¿Qué opina de esta declaración?

Nos preocupa mucho. El gobierno lo han anunciado en múltiples ocasiones: "Quienes bloqueen las calles no recibirán sus prestaciones sociales". Incluso han colocado carteles con este mensaje en estaciones de transporte público de Buenos Aires. Aunque esta política no ha sido aprobada por el Congreso, podría aplicarse de facto.

¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil para defender los derechos humanos en el país?

El apoyo de la comunidad internacional es crucial para el movimiento de derechos humanos de Argentina en estos momentos. Al mantener el diálogo y transmitir información de organizaciones locales, la sociedad civil global puede crear presión sobre el gobierno de Argentina y elevar el costo político de la aplicación de estas medidas represivas y de brutal ajuste económico que recaen sobre las mayorías.

¿Cuál es su esperanza para el futuro de Argentina?

Espero que Argentina no pierda de vista su historia en materia de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos es lo suficientemente fuerte para resistir y lo suficientemente creativo para proponer soluciones para una sociedad mejor y más justa. Confío en que las nuevas generaciones llevarán adelante este trabajo.