Defensa de la justicia en las mortíferas cárceles de Honduras

¿Qué significa ser abogada como mujer joven en Honduras?

Navegar por el panorama jurídico como abogada joven en Honduras conlleva retos únicos. Desafortunadamente, la juventud a menudo se traduce en inexperiencia, y ser mujer añade otra capa a esta dinámica. En muchos casos, hay un esfuerzo concertado para silenciar las voces femeninas en el ámbito jurídico.

¿Existe en Honduras un entorno seguro y adecuado para defender los derechos humanos?

Lamentablemente, no. Mi organización -el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares- trabaja en el tema de la tortura en las cárceles. Defender a los detenidos, a quienes a menudo se mira con ojos de sospecha por su presunta implicación en delitos, nos enfrenta al escrutinio tanto gubernamental como social. Esto hace que nuestro trabajo diario sea un reto, ya que encontramos resistencia por parte del personal penitenciario y nos enfrentamos a obstáculos para acceder a instalaciones cruciales para nuestra misión.

¿Quiénes son las principales víctimas de la represión estatal en Honduras?

En Honduras, el Estado criminaliza a los defensores de los derechos humanos, y especialmente a los defensores de la tierra, pero también a las personas vulnerables, con menos formación, de comunidades marginales y con recursos económicos limitados. Entre ellos, los detenidos se enfrentan a una represión especialmente dura. Desde 2017, hemos documentado 109 muertes bajo custodia en las 24 prisiones del país.

El 20 de junio de 2023, 46 mujeres del Centro Penitenciario Nacional Femenil fueron asesinadas con armas de fuego y armas blancas, y muchas fueron quemadas hasta el punto de que hubo que hacer pruebas de ADN para identificarlas. Hasta el momento, no se ha investigado debidamente cómo entraron las armas y los materiales inflamables en el centro. Como consecuencia, la seguridad de la prisión se reforzó y se confió al ejército.

¿Cuál ha sido el resultado de esta militarización de las prisiones?

La militarización de las prisiones ha provocado un aumento de las denuncias de tratos inhumanos y torturas. Esto afecta no sólo a los detenidos, sino también a sus familias, que sufren acoso y humillaciones cuando acuden a visitar a sus parientes encarcelados.

Se han puesto en marcha nuevas políticas que restringen fuertemente las visitas, incluidas las de las organizaciones de la sociedad civil cuya función es evaluar los derechos humanos en los centros de detención. Los detenidos ya no gozan de privacidad cuando hablan con los visitantes o con el personal de las ONG. Estas condiciones limitan gravemente nuestro acceso a la información, ya que los presos temen repercusiones si denuncian abiertamente a sus perseguidores.

¿Por qué cree que la militarización ha provocado más casos de tortura?

Las fuerzas armadas están entrenadas para responder a crisis de seguridad, pero carecen del enfoque matizado necesario para gestionar poblaciones encarceladas. Esta ausencia de formación y supervisión adecuadas ha fomentado un entorno propicio a los abusos y la violencia.

¿Ha conseguido que se haga justicia a las víctimas de tortura?

Por desgracia, no. De 2017 a 2023, solo hemos obtenido una sentencia por trato cruel, inhumano o degradante. Y de 99 denuncias por tortura, solo 10 han sido procesadas. Las víctimas tienen miedo de denunciar porque no se respeta el debido proceso y temen represalias.

¿Qué espera de Honduras?

Espero que Honduras se adhiera por fin a las normas internacionales de derechos humanos y a la prohibición inequívoca de la tortura en cualquier circunstancia. El verdadero progreso sólo puede lograrse cuando se respetan y defienden los derechos y la dignidad de todas las personas sin excepción.