La tortura y el derecho

Como la tortura y otras formas de maltrato figuran entre las peores violaciones de la integridad y la dignidad del ser humano, la prohibición de la tortura se incluye entre varias prohibiciones que están universalmente reconocidas, por ejemplo la de la esclavitud.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos han acordado prohibir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de manera absoluta. Esto quiere decir que no hay excepciones, ni en tiempos de paz ni en la guerra, así como tampoco en ningún tipo de emergencia, ni siquiera cuando se cometen actos terroristas. Además, nadie puede ser enviado de regreso a un lugar donde corra el riesgo de sufrir tortura. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes figura entre los tratados internacionales de derechos humanos con mayor número de ratificaciones o adhesiones.

Esta prohibición internacional ha reducido los casos de tortura y otros malos tratos en diversos países. Sin embargo, la tortura continúa practicándose en todas las regiones del mundo, como atestiguan a diario las 200 organizaciones miembros de nuestra Red SOS-Tortura. Los gobiernos torturan con el pretexto de proteger la seguridad nacional, combatir el terrorismo, luchar contra el narcotráfico o resolver delitos. En ocasiones, se promueve la tortura como un medio “eficaz” para obtener información, como vía rápida, e incluso como un mal menor.

Torturar es infligir formas extremas de sufrimiento a seres humanos.

Pero no es cierto. Torturar es infligir formas extremas de sufrimiento a seres humanos. No sirve para obtener información útil, ya que la víctima puede dar cualquier respuesta con tal de poner fin al terrible dolor que siente. La tortura y otras formas de maltrato son una cuestión de relaciones de poder y humillación. Destruyen a las personas y a sus familias, quebrantan las sociedades, pues generan un clima de miedo y desconfianza y fomentan una espiral de violencia, sustituyen el Estado de derecho por el terror. Cuando los gobiernos permiten su uso, nadie está a salvo.

Muchos Estados todavía no han tipificado la tortura como delito específico en su legislación nacional. La impunidad de los culpables es una de las principales razones de que continúe practicándose tortura.

Junto con las organizaciones miembros de nuestra red, presionamos a los gobiernos para que procedan a prevenir la tortura, para que la tipifiquen como delito en su legislación nacional, lleven a los culpables ante la justicia y proporcionen a las víctimas resarcimiento, incluidas la reparación y la rehabilitación. Una de nuestras actividades más importantes consiste en trabajar con el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, mecanismo conformado por diez personas expertas independientes, que supervisan que los Estados cumplan con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención contra la Tortura. Desde 2014, la OMCT se ocupa de la coordinación oficial de las actividades llevadas a cabo por las organizaciones de la sociedad civil en el marco de las tres reuniones anuales celebradas por el Comité contra la Tortura en Ginebra. Entre otros, la OMCT se encarga de:

Presentar informes conjuntos de país al Comité, junto con la Red SOS-Tortura y otras organizaciones asociadas
Movilizar a las organizaciones de la sociedad civil para que proporcionen información al Comité desde el terreno y coordinar sus reuniones durante las sesiones del Comité
Realizar misiones de vigilancia y recopilación de información en los países
Trabajar con periodistas e impartirles formaciones para que den visibilidad a la tortura