En busca de justicia

Sus efectos van más allá del terrible daño físico y psicológico infligido a las víctimas. El sentimiento de humillación e injusticia que la tortura y otras formas de maltrato producen puede destruir la confianza en las instituciones, radicalizar a las personas y dañar a la comunidad entera de muchas formas.

A pesar de ello, la mayoría de las veces la tortura queda impune. En México, de 8.335 investigaciones sobre tortura abiertas por la fiscalía especializada entre 2012 y 2018, sólo 17 dieron lugar a actuaciones judiciales. En Filipinas, sólo en uno de, como mínimo, 8.663 casos de homicidio extrajudicial cometido por las fuerzas de seguridad entre 2016 y 2019 hubo condena. Y la lista sigue.

Esto es así porque, en muchas partes del mundo, la tortura se propaga por las instituciones: las comisarías de policía, las prisiones, e incluso los sistemas de justicia, que con demasiada frecuencia se basan en confesiones. La corrupción es un factor determinante en la persistencia de la tortura y los malos tratos. Otro es la desigualdad: la mayoría de las veces, las víctimas de tortura son personas que viven en la pobreza o personas en situación de marginación, como aquellas que pertenecen a minorías religiosas o étnicas. Asimismo, los gobiernos autoritarios recurren a la tortura para infundir miedo y reprimir toda oposición política o la mera disidencia. En tiempos de guerra, la tortura se propaga como un cáncer. Un ejemplo reciente es el caso de Siria, donde grupos armados estatales y no estatales recurren sistemáticamente a la tortura y a otras formas de maltrato.

Entre las muchas razones por las que tortura está tan extendida destaca la impunidad.

Entre las muchas razones por las que tortura está tan extendida destaca la impunidad. La ausencia de castigo por un delito equivale a dar luz verde a la comisión continua de ese delito y a dañar tanto a las personas como, incluso, a sociedades enteras. Además, dado que las víctimas de tortura suelen ser las personas más vulnerables de la sociedad, sus posibilidades de obtener justicia son casi inexistentes.

Por ello, llevar los casos de tortura a los tribunales de justicia o a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas es fundamental. Por un lado, porque las víctimas necesitan reparación y el castigo del culpable para superar su sufrimiento. Por otro lado, porque tales litigios pueden dar lugar a reformas que mejoren la prevención de la tortura y refuercen el Estado de derecho en un determinado país. Además, brindar justicia a las víctimas es una obligación legal: el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes exige a los Estados garantizar que las víctimas reciban “reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible”.

Sin embargo, entablar litigios sigue siendo una herramienta infrautilizada, porque, por varias razones, a las organizaciones de la sociedad civil les resulta difícil documentar y llevar a los tribunales los casos de tortura. 

Es por ello que la OMCT estableció en 2019 tres Grupos de Litigantes en África, Asia y Latinoamérica, que conectan a más de 45 de las organizaciones miembros y asociadas de su Red con el fin de elaborar estrategias innovadoras y llevar casos emblemáticos a los tribunales nacionales y/o regionales.

Del mismo modo, la oficina de Túnez de la OMCT participa como parte civil en siete causas emblemáticas sobre tortura que conocen tribunales penales especializados desde mayo de 2018 y que forman parte de un proceso de justicia transicional sobre violaciones graves de derechos humanos perpetradas entre 1956 y 2013.