En busca de justicia

Los tres Grupos de Litigantes de la Red SOS-Tortura creados en 2019 en África, Asia y Latinoamérica redoblaron sus esfuerzos el año pasado para estar a la altura de los nuevos retos y de los recortes de derechos que vinieron de la mano de la Covid-19. Se centraron en alertar del deterioro y de las repentinas limitaciones impuestas al disfrute de derechos de las personas privadas de libertad, así como en documentar y desarrollar la defensa jurídica de las víctimas de prácticas policiales arbitrarias y abusivas en el contexto del cumplimiento de las medidas sanitarias y de las restricciones. Los Grupos de Litigantes de África y de Latinoamérica publicaron informes regionales sobre los efectos de la Covid‑19 sobre la privación de libertad.

En noviembre, numerosos abogados de cuatro continentes debatieron sobre sus preocupaciones, estrategias y éxitos en una serie de Laboratorios Regionales de Litigio que culminaron con un Laboratorio global de Litigio sobre detención, tortura y el derecho a defender en tiempos de Covid-19. Entre las buenas prácticas se mencionaron el puntero índice de vulnerabilidad a la Covid-19 desarrollado por Justice Project Pakistan (JPP) para identificar y poner en libertad a las personas privadas de libertad más vulnerables de Pakistán, un habeas corpus colectivo presentado por Xumek que supuso la liberación de miles de presos en Argentina, y la estrategia de incidencia en Togo que logró medidas similares, incluyendo la liberación de niños privados de libertad. Los intercambios estuvieron coorganizados por la Iniciativa Pro-Justicia de Open Society y por los miembros de la red CACIT, Frayba y PAHRA.

En 2020, la OMCT apoyó a los socios y a las víctimas en su lucha por la justicia en instancias internacionales cuando los recursos locales no habían resultado efectivos o no estaban disponibles.

SOS-Torture Burundi, el Grupo de Litigio de África y la OMCT presentaron una queja individual ante el Comité contra la Tortura de la ONU en nombre de una víctima de tortura de Burundi, un paso clave para romper el ciclo de impunidad al que se enfrentan las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas pacíficas de 2015.

En Túnez, a pesar del importante progreso democrático logrado desde la revolución de 2011, la justicia avanza a paso de tortuga en materia de tortura y brutalidad policial. Como respuesta al procedimiento judicial lento y deficiente, la oficina de la OMCT en Túnez creó en abril SANAD-Elhaq, una nueva entidad cuyo objetivo es proporcionar asistencia judicial de calidad a las víctimas de tortura. SANAD-Elhaq y los socios de la OMCT lograron una victoria importante cuando el Tribunal Administrativo suspendió por primera vez en la historia la detención arbitraria de 22 migrantes, quienes fueron puestos en libertad en septiembre.

La OMCT es parte civil en siete procesos de justicia transicional en Túnez. Los procedimientos judiciales de justicia transicional se suspendieron durante la mayor parte de 2020 a causa de la pandemia, entre otros factores. En mayo, la oficina de la OMCT en Túnez lanzó la campaña Al Adala Awwalan (Justicia primero) y publicó un informe sobre el estancamiento del proceso de justicia transicional dos años después de la creación de una cámara especializada en delitos graves cometidos en el pasado, como la tortura, que en algunos casos ocasionó la muerte de las víctimas. En diciembre se publicó un segundo informe, titulado Pas de réconciliation sans justice (No hay reconciliación sin justicia).