Brutalidad policial

En 2020, la pandemia de Covid-19 exacerbó la arbitrariedad y la mano dura en las prácticas policiales, especialmente en el contexto del cumplimiento de los toques de queda, los confinamientos y otras medidas de salud pública. Las personas pobres y menos privilegiadas, así como las que forman parte de grupos raciales y étnicos históricamente discriminados, se han visto afectadas de manera desproporcionada por los abusos de las fuerzas del orden.

En muchos de estos casos se ha ignorado la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. El asesinato de George Floyd en Mineápolis (Estados Unidos) prendió la mecha de una ola global de protestas en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Los familiares de las personas asesinadas por la policía y numerosas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo instaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a solicitar una investigación independiente sobre la historia reciente de prácticas policiales racistas en EE.UU. y las denuncias de brutalidad policial generalizada en la represión de las protestas en el país.

El movimiento desencadenó la reivindicación de reformas policiales en las unidades conocidas por sus prácticas abusivas sistemáticas. En Nigeria, la campaña #ENDSARS consiguió que se hiciesen cambios para avanzar hacia una estructura policial sin tortura, incluyendo la disolución de la Brigada Especial Antirrobo (SARS, por sus siglas en inglés), tal y como solicitaron la OMCT y Prisoners’ Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA) en octubre de 2020.

En 2019 comenzamos a observar en Latinoamérica un preocupante patrón de uso excesivo de la fuerza, y en 2020 no hizo más que aumentar. El informe Protestas sociales y uso excesivo de la fuerza en Colombia: un análisis desde la lente de la prohibición de la tortura, publicado por la OMCT y la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT) en junio de 2020, documentaba casos de detenciones arbitrarias masivas y de uso excesivo de la fuerza (incluyendo armas de fuego y armas menos letales) en el contexto del cumplimiento de las normas sanitarias y de las manifestaciones, especialmente durante el Paro Nacional de 2019.

Las acciones legales de los miembros de la Red SOS-Tortura en Colombia contribuyeron a que la Corte Suprema de Justicia emitiera una sentencia histórica en la que ordenó a las autoridades proteger a los manifestantes y el derecho de reunión pacífica. En Chile, el informe de la Misión Internacional de Observación publicado en enero de 2020 puso de relieve las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto de las protestas que comenzaron en octubre de 2019, incluyendo el asesinato de 27 personas y el uso deliberado de balas de goma y de granadas de gas lacrimógeno que causaron pérdidas de visión a 360 personas.

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