Informe Anual 2022
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Violencia policial

A lo largo de los últimos años ha habido un incremento progresivo y generalizado del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía en todo el mundo.

En un momento de creciente movilización de los movimientos sociales y de manifestaciones no violentas, las fuerzas del orden cuentan con una dotación armamentística y un equipamiento tecnológico sin precedentes, lo cual supone un cóctel peligroso para el movimiento antitortura. En 2022, la OMCT reaccionó junto con sus socios ante numerosas situaciones de violencia policial en lugares como Túnez, Chad,Turquía, Kazajstán, Tayikistán o Uzbekistán.

En Túnez, la OMCT documentó decenas de casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía, a menudo con objetivos punitivos. Frecuentemente, esta violencia tiene lugar después de conflictos entre civiles y agentes de servicio o en un contexto privado. A lo largo de los últimos años, esta violencia se ha utilizado habitualmente contra activistas LGTBIQ++, personas defensoras de derechos humanos y activistas sospechosos de oponerse al golpe constitucional que dio el presidente Kaïs Saied el 25 de julio de 2021. A pesar de que no ha habido respuesta a la gran mayoría de las denuncias, este año la OMCT ha logrado varias sentencias condenatorias contra agentes de policía, aunque ninguna por tortura, a pesar de que numerosos casos han superado el umbral. El ya de por sí reducido índice de condenas leves podría reducirse incluso más debido a la enorme presión y las amenazas a las que están sometidos los jueces.

En 2021, un brutal régimen militar tomó el poder en Chad de manera inconstitucional tras la muerte del presidente Idriss Deby. Su hijo, el General Mahamat Deby Itno, quien lo reemplazó por un período de transición inicial de dos años, instauró un clima de terror en las organizaciones de la sociedad civil y los líderes de la oposición mediante torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. La crisis de derechos humanos se agudizó en 2022, en el llamado “Jueves Negro” cuando las manifestaciones pacíficas organizadas el 20 de octubre en todo el país fueron reprimidas con violencia.

Las investigaciones de la OMCT y su miembro de la red, la Ligue tchadienne des droits de l'homme (LTDH), indican que alrededor de 218 personas han sido asesinadas, decenas torturadas y más de 1300 detenidas.

La OMCT apoyó de cerca a los miembros de su red chadiana – LTDH y la Association tchadienne pour la Promotion des droits humains (ATPDH) – e intensificó su incidencia internacional sobre la rendición de cuentas por los crímenes de tortura y sobre la protección de los defensores de los derechos humanos bajo ataque. La OMCT y la LTDH presentaron un llamamiento urgente a quatro Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación; sobre los defensores de los derechos humanos; sobre ejecuciones sumarias; y sobre la tortura y otras formas de malos tratos. También presentamos un Informe Alternativo al Comité contra la Tortura en noviembre de 2022 e invitamos a cinco organizaciones de la sociedad civil a asistir a la sesión y abogar por más medidas de protección.

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En Turquía, hemos constatado que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones pacíficas se ha incrementado a lo largo de los últimos años. Esta violencia tiene el claro objetivo de prevenir la protesta social o reducir la participación. Los grupos a los que en repetidas ocasiones se han dirigido estos ataques son, entre otros, quienes protestan contra los decretos de emergencia, los activistas kurdos, o los grupos de trabajadores, mujeres, personas LGTBI+, periodistas, abogados, políticos, estudiantes y ambientalistas. No solo se impide a las víctimas de esta violencia buscar justicia, sino que también se las obliga a hacer frente a acusaciones que criminalizan más si cabe su protesta social no violenta (ver el informe reciente de la OMCT sobre esta cuestión).

En Tayikistán, las protestas comenzaron en noviembre de 2021 en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán y resurgieron en mayo de 2022. Las fuerzas militares y especiales disolvieron las protestas de manera violenta en una anunciada “operación antiterrorista” que presuntamente ocasionó al menos 40 muertes. Ha habido cientos de detenciones de, entre otros, activistas de la sociedad civil, abogados y periodistas que daban cobertura a los acontecimientos o hablaban de las acusaciones de tortura y de juicios injustos. Los sucesos no se han investigado de manera independiente.

A inicios de 2022, comenzaron en Kazajstán occidental una serie de protestas que se extendieron rápidamente por todo el país. La policía hizo un uso excesivo de la fuerza y la violencia para frenar las protestas, aunque fuesen pacíficas, causando al menos 238 muertes, según las fuentes oficiales. Debe haber reparación y rendición de cuentas. El gobierno ha hecho ciertos esfuerzos, pero a pesar de ello, un año después, las investigaciones no son efectivas y no hacen más que dejar una estela de impunidad tras de sí.

En julio, comenzaron las manifestaciones masivas en la región de Karakalpakstán, en Uzbekistán, en oposición a las enmiendas constitucionales propuestas para reducir la autonomía de la región. Las autoridades presuntamente utilizaron cañones de agua, balas de goma, granadas de conmoción y gas lacrimógeno para dispersar las protestas no violentas. Según las cifras oficiales, murieron 18 personas, hubo 243 heridos y más de 500 detenidos (entre ellos numerosas personas defensoras de derechos humanos), pero la sociedad civil asegura que las cifras reales son mayores y que hubo un uso sistemático de la tortura.

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