En busca de justicia

Internacionalmente, 2021 fue un año de importantes victorias para las víctimas de tortura y otros malos tratos, a pesar de la impunidad generalizada que sigue existiendo en todo el mundo para este tipo de delitos. La impunidad fue el eje central de la nota informativa que enviamos al Relator Especial sobre tortura en mayo, antes de redactar un nuevo informe que señalaba los obstáculos clave para la rendición de cuentas en casos de tortura.

En mayo, junto con el Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina, presentamos observaciones amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso Manuela y familia v. El Salvador. Las observaciones se centraron en la criminalización de un aborto espontáneo y la posterior muerte de Manuela tras su privación de libertad en condiciones inhumanas. Esta entrada de blog proporciona más detalles sobre la historia de Manuela.

En una sentencia histórica emitida el 30 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció por primera vez estándares contra la criminalización de las mujeres que busquen atención sanitaria reproductiva, incluyendo el aborto, para toda la región. A través del enfoque de género, la sentencia responsabilizó a El Salvador de la conculcación de múltiples derechos, entre ellos el derecho a no sufrir tortura ni otros malos tratos, y ordenó la plena reparación a la familia de Manuela.

En un veredicto histórico, la Corte Suprema de Pakistán dispuso en febrero que la pena capital no puede dictarse contra personas con enfermedades mentales graves. Justice Project Pakistan, miembro de nuestro Grupo de Litigantes SOS-Tortura en Asia, apeló la pena de muerte a la que se había condenado a tres presos con esquizofrenia, lo que llevó a la Corte Suprema a conmutar esta condena por una de cadena perpetua y enviar a los presos a una institución de salud mental.

Tras una moratoria de seis años, Pakistán reanudó las ejecuciones en 2014.

En octubre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) condenó a Togo a compensar a una mujer que sufrió violencia de género durante una manifestación en septiembre de 2017 y a realizar una investigación rápida y efectiva. Collectif des associations contre l’impunité au Togo (CACIT) participó en el caso, con el apoyo de nuestro Grupo de Litigantes SOS-Tortura en África (Groupe d’intervention judiciaire, GIJ).

Cabe señalar también que a lo largo de 2021 se presentaron varias denuncias ante los expertos de las Naciones Unidas responsables de monitorear el respeto de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Center for Human Rights and Democracy in Africa (CHRDA) y el Grupo de Litigantes SOS-Tortura en África presentaron una denuncia contra Camerún ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) en defensa de un ciudadano camerunés anglófono que sufrió tortura a manos de las fuerzas de seguridad en 2019. Fue acusado erróneamente de complicidad con grupos separatistas armados. El objetivo del caso es lograr la primera decisión del CAT contra Camerún.

Además, los juristas del propio Grupo de Litigantes ya llevaron ante el CAT dos casos contra Burundi en relación con las víctimas de la represión de 2015 que habían sido detenidas y torturadas por los servicios de inteligencia durante su privación de libertad en régimen de incomunicación, o que habían sufrido uso de la fuerza al margen de la detención durante operaciones policiales, incluyendo el uso de armas letales.