Migrantes

En 2021, las restricciones vinculadas a la COVID-19 continuaron afectando desproporcionadamente a la movilidad de las personas refugiadas y migrantes en todo el mundo, agravando su vulnerabilidad a la tortura y otros malos tratos.

Las autoridades griegas, por ejemplo, devolvieron ilegal y forzosamente a más de 7000 migrantes al mar Mediterráneo, ignorando la necesidad de presentar una solicitud de asilo y en algunos casos sometiéndolos a tortura. El Grupo de Trabajo de Migración y Tortura de la OMCT y Greek Helsinki Monitor (GHM) enviaron un llamado urgente al Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes invitándole a instar a las autoridades griegas a investigar las devoluciones en caliente y las denuncias de tortura a manos de las fuerzas de seguridad.

El grupo también publicó un documento antes de la celebración de la 34ª cumbre de la Unión Africana en febrero invitando a los jefes de Estado a priorizar la comisión de actos de tortura y malos tratos contra personas en las rutas migratorias, especialmente en Libia, Senegal y Níger.

En diciembre, habiendo documentado reiterados casos de tortura contra migrantes, la OMCT publicó los resultados de una investigación colectiva sobre la tortura y la migración en África realizada en diez países: Níger, Chad, Túnez, Kenya, Uganda, Mali, Sudán y Senegal, así como Italia y España.

El informe The Torture Roads – The Cycle of Abuse against People on the Move in Africa (Las rutas de la tortura: el ciclo de abuso contra las personas desplazadas en África) demuestra que la tortura es sistemática y ocupa un lugar central en cada frontera, puesto de control e instalación de detención utilizados por agentes tanto estatales como no estatales contra los migrantes durante su viaje. Los testimonios de 250 personas, que incluyen a personas internamente desplazadas, refugiados y solicitantes de asilo, así como otros migrantes, representantes del Estado y de la sociedad civil claramente muestran que hay una importante laguna en materia de protección en las políticas y prácticas que debería de tratarse urgentemente.

Las rutas de la tortura se lanzó oficialmente y se presentó en Dakar junto con miembros de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, diplomáticos europeos y periodistas que trabajan sobre la región de África Occidental.

Es necesario adoptar un enfoque colectivo para abordar los patrones de tortura documentados en las rutas migratorias. Por esta razón, los miembros de la Red SOS-Tortura de la OMCT en África se han reunido a lo largo del año para debatir sobre las tendencias que han observado en sus países y para reivindicar una mayor protección de las personas migrantes. En noviembre, los miembros del Grupo de Trabajo de Migración y Tortura informaron el Comité de la ONU contra la Tortura y al Relator Especial de la ONU sobre la tortura acerca de las carencias en el marco de la protección y las oportunidades que brinda el marco internacional sobre la tortura. El grupo también se reunió en Senegal entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre para diseñar una estrategia de incidencia y de campañas colectiva en torno a la protección de los migrantes que sufren tortura en África.

Al otro lado del Mediterráneo, las políticas de disuasión de la migración y de cierre de fronteras continúan anteponiéndose a la obligatoriedad de respetar los derechos humanos y salvar vidas tanto a nivel europeo como estatal. En 2021, la OMCT publicó el informe Europa: cerco a la solidaridad, que documenta el aumento de ataques y restricciones contra las organizaciones y los activistas de derechos humanos que defienden los derechos de las personas migrantes en Europa.

Actualmente, en 24 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y en Suiza, facilitar la entrada y el tránsito de migrantes es un delito, incluso cuando no hay ánimo de lucro, como sucede en el caso de las peligrosas operaciones de rescate en alta montaña. Tal y como muestra el informe, los ciudadanos compasivos que salvan vidas reciben no solo multas, sino también penas de cárcel en algunas ocasiones. Los más afectados son quienes defienden los derechos de los migrantes más vulnerables que huyen de situaciones difíciles en sus países, pertenecen a minorías étnicas o tienen un nivel socioeconómico bajo.

Todos estos obstáculos administrativos y penales desalientan a los activistas y organizaciones sociales, obligándoles a replantearse si continuar o no sus actividades. Las instituciones europeas no están actuando con decisión para implementar medidas con un enfoque de los derechos humanos que pondría en el centro la dignidad y la humanidad de las personas se desplazan.

El informe insta a las autoridades e instituciones europeas a que implementen todas las medidas disponibles para crear un ambiente positivo para todos aquellos que defienden los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, les hacen un llamado para que cambien el enfoque actual que se tiene sobre la migración por uno más centrado en los derechos humanos, al tiempo que se eliminen los obstáculos administrativos para facilitar el trabajo de la sociedad civil. Para esto, se podrían promocionar rutas migratorias legales, dejar de utilizar la lógica de externalización en los controles fronterizos y organizar campañas de sensibilización con mensajes positivos sobre la población migrante y en las que también se reconozca el papel de la sociedad civil en la defensa y la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho.