Personas defensoras de derechos humanos

En 2021, las personas defensoras de derechos humanos han continuado pagando un precio muy alto por su trabajo crucial y legítimo: sigue aumentando año tras año el número de defensores asesinados.

En muchos aspectos, la crisis sanitaria global ha paralizado el movimiento de defensa de los derechos humanos y le ha privado de muchas de sus herramientas de monitoreo y de verificación tradicionales. La pandemia también ha supuesto un colapso casi universal de los sistemas de protección tanto nacionales como internacionales. Debido a esta situación no solo han aumentado las violaciones de derechos humanos, sino también los ataques contra las personas defensoras, una tendencia que obstaculiza hasta la legitimidad de los defensores de derechos humanos y de su labor.

La pandemia de Covid-19 ha debilitado más si cabe a las organizaciones de derechos humanos locales y, en algunos casos, ha supuesto un desafío para su sostenibilidad. Sin embargo, lejos de apoyar a la sociedad civil por ayudar a quienes más lo necesitan, algunos Estados han aprovechado esta oportunidad para acallar incluso más las voces críticas y para cuestionar el derecho a defender derechos. Las personas defensoras se han enfrentado a un incremento de la violencia, los ataques y la intimidación, mientras que el espacio cívico ha continuado erosionándose y desapareciendo en todo el mundo, a causa también de las normativas restrictivas aprobadas específicamente para silenciar las críticas.

En gran parte del mundo se han seguido difundiendo narrativas tóxicas contra las personas defensoras que las estigmatizan como agentes extranjeros, fuerzas contrarias al desarrollo o incluso terroristas. También se ha observado un aumento de la tendencia a criminalizar y detener a activistas, prácticamente sin consecuencias políticas. Ahora más que nunca, los defensores y sus organizaciones necesitan sistemas de apoyo que pongan fin a estas amenazas para poder continuar con su labor esencial.

En 2021, la OMCT también compartió la presidencia del mecanismo de personas defensoras de los derechos humanos de la UE, ProtectDefenders.eu, que brindó apoyo vital y asistencia multifacética a casi 8.700 personas defensoras de derechos humanos en mayor riesgo y a organizaciones de derechos humanos de base alrededor del mundo. Esto supuso un 23% más que en 2020, en un contexto de graves impactos causados por la pandemia de Covid-19 y en uno de los entornos más difíciles para el trabajo de la defensa de derechos humanos de los últimos años. ProtectDefenders.eu tuvo que responder, entre otras graves crisis, a la represión de la sociedad civil en Belarús, a las consecuencias del golpe de Estado en Myanmar y a la toma del poder en Afganistán por los talibanes.

Desde que los talibanes asumieron el poder en Afganistán en agosto, han aumentado exponencialmente las amenazas y los ataques deliberados de los talibanes y otros grupos armados contra las personas defensoras de derechos humanos. Como respuesta, desde el primer momento redoblamos esfuerzos para intentar rescatar a los defensores de Afganistán y conseguimos evacuar a 16, junto con sus familias.

Además, proporcionamos apoyo directo a seis defensores afganos que huyeron y quedaron bloqueados en países vecinos en Europa, así como a nueve activistas que siguen en Afganistán.

Llevamos a cabo trabajo de incidencia, particularmente en el ámbito de la ONU y la UE, para garantizar que se sigue prestando atención a las voces de los afganos defensores de derechos humanos y a su difícil situación, así como a las violaciones de derechos humanos cometidas por los talibanes.

Actualmente se están debatiendo con socios locales la viabilidad y las modalidades de apoyo institucional a largo plazo. Este apoyo continuado es esencial para la comunidad de defensa de los derechos humanos en Afganistán, cuyos conocimientos sobre la situación son irremplazables. Esto incluye el apoyo a grupos en el exilio y asistencia en el terreno en Afganistán para que pueda continuar monitoreándose la pésima situación de los derechos humanos en el país.

En 2021, la OMCT publicó el informe Europa: cerco a la solidaridad, que documenta el aumento de ataques y restricciones contra las organizaciones y los activistas de derechos humanos que defienden los derechos de las personas migrantes en Europa. Las políticas de disuasión de la migración y de cierre de fronteras continúan anteponiéndose a la obligatoriedad de respetar los derechos humanos y salvar vidas tanto a nivel europeo como estatal. Esto, combinado con una reducción generalizada del espacio para la sociedad civil en toda Europa, ha aumentado la presión sobre las personas y las organizaciones que continúan alzando la voz para defender los derechos de los migrantes y proporcionando asistencia a las personas en peligro en las fronteras terrestres y marinas de Europa.