Covid-19 y detención

En 2021, el mundo entero continuó sufriendo la pandemia y esto tuvo unas repercusiones alarmantes para las personas privadas de libertad. Aunque se eliminaron algunas restricciones, muchas continúan en vigor y esto afecta a las visitas y al acceso de las familias, los abogados y los órganos de monitoreo, entre otros. Asimismo, ha habido un drástico incremento de los niveles de aislamiento respecto al mundo exterior. Todo esto ha afectado gravemente al bienestar emocional de las personas privadas de libertad, particularmente de los menores y sus familias fuera de las cárceles. Asimismo, se ha hecho más difícil detectar y denunciar casos de tortura y otros malos tratos.

A pesar de que la pandemia de Covid-19 ha demostrado ser especialmente peligrosa en los lugares de privación de libertad, puesto que el hacinamiento, las malas condiciones de higiene y la atención sanitaria insuficiente son el caldo de cultivo perfecto para el virus, los planes de descongestión penitenciaria que comenzaron en 2020 no tuvieron los resultados positivos que se esperaban.

En diciembre, la OMCT moderó junto con FIACAT el panel “Fundamental Freedoms: Locked up in the lockdown” (Libertades fundamentales: confinados en el confinamiento) en el Foro UE-ONG. Varios socios, entre ellos algunos miembros de la Red SOS-Tortura y del Grupo de Acción para la Crisis de la Covid-19, tomaron la palabra para abordar distintas cuestiones, desde la transparencia y el monitoreo, hasta la saturación y la descongestión o la salud y la vacunación en situaciones de privación de libertad.

• Junto con CACIT, miembro de nuestra red, enviamos una carta confidencial al presidente de la República Togolesa para instarle a reinstaurar las visitas familiares en los lugares de privación de libertad del país.
  
• En Colombia, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) publicó una colección de materiales jurídicos con un lenguaje sencillo diseñada para educar a quienes lidian con el sistema penitenciario y en la que se incluyen ejemplos de denuncias y cómo abordarlas, así como un capítulo especial sobre los derechos durante la pandemia.
  
• En México, Documenta, miembro de nuestra red, lanzó una nueva versión de su chatbot Libertad que está disponible en WhatsApp y en Facebook. Este software fácil de utilizar proporciona información sobre los documentos necesarios para presentar solicitudes y recursos para la liberación de personas privadas de libertad. Es una herramienta perfecta tanto para juristas como para ciudadanos de a pie, y posibilita incluso que los presos o sus familias tomen las medidas necesarias sin necesidad de recurrir a un abogado, y por lo tanto de manera más económica.
  
• Por último, nuestro socio Justice Project Pakistan desarrolló un rastreador de casos de Covid‑19 en lugares de privación de libertad a nivel nacional y trabajó para que se pusiese en libertad a los presos más vulnerables.

• Como parte de este proyecto, el miembro nigeriano de la Red SOS-Tortura PRAWA organizó talleres virtuales para responsables de bienestar en centros de privación de libertad acerca de la importancia que tienen las visitas familiares para los presos. La organización también lideró la instalación de la primera cámara de desinfección en una de las mayores cárceles de Nigeria para garantizar el acceso seguro para las familias y los asesores jurídicos de los presos, así como de las ONG. Se trato de una novedad para el país.
  
• En Filipinas, numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil y de agencias gubernamentales asistieron en octubre a una cumbre nacional sobre privación de libertad organizada bajo el lema “Cuidado compasivo entre rejas” en la que se trataron temas como la salud mental y las repercusiones de la Covid-19, los factores de vulnerabilidad de los menores privados de libertad, la saturación de las cárceles, la tortura y los malos tratos. Trabajaremos con nuestros socios locales para garantizar la aplicación de la lista de recomendaciones adoptada en el encuentro.
  
• En América Latina se recalcó la importancia de este asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de octubre celebró una audiencia para abordar la situación de las personas privadas de libertad en las Américas en el contexto de la pandemia. El evento estuvo organizado por el Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina, formado por 17 organizaciones de la sociedad civil (OSC) miembros de la OMCT de diez países distintos. Se proyectó para la comisión un vídeo con testimonios de familiares de personas privadas de libertad que también formó parte de una campaña de redes sociales organizada en torno a la audiencia. Las OSC instaron a la Comisión Interamericana a que publicase nuevas directrices y denunciase más activamente las restricciones en vigor y el deterioro de las condiciones de privación de libertad en el contexto de la pandemia.